CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El juicio oral por las presuntas irregularidades en la obra pública ingresará en una etapa clave: las indagatorias de los 13 acusados en la que tendrán la posibilidad de declarar. Será desde este lunes a las 9:30 en los tribunales de Comodoro Py y se prevé que estas declaraciones se extiendan durante varios meses. No estarán presentes la expresidente y candidata a vicepresidente Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López.
Hoy serán las indagatorias de Héctor Garro, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, y de Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad. Garro ya le adelantó que no va a declarar y se leerá la indagatoria que prestó cuando el caso se investigó, cuando declaró que no recordaba haberle adjudicado obras públicas a empresas de Báez mientras estuvo al frente del organismo.
Julio De Vido irá a juicio por Yacimientos Carboníferos Río Turbio
Por su parte Periotti, sí va a declarar. Inclusive, y según indicó Infobae,su declaración puede durar más de una audiencia.
En la audiencia no estarán presentes Cristina Kirchner, De Vido, López, Báez y Raúl Daruich, Raúl Daruich, ex jefe del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad. Todos fueron autorizados a no ir a las audiencias de la etapa de las indagatorias, excepto cuando sea su turno.
La expectativa está puesta en si la indagatoria de Cristina Kirchner será antes o después de las elecciones del 27 de octubre.
LA INVESTIGACIÓN
El proceso comenzó en mayo pasado y se juzga si hubo irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz durante los 12 años de gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Concretamente si hubo sobreprecios e incumplimientos en esas obras. Un peritaje que recibió el tribunal concluyó que en cinco de esas obras hubo sobreprecios por 190 millones de dólares. La ex Presidente está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública.