Confirman procesamiento para quienes impidieron el pase de La Trochita

ESQUEL - La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia consideró probado que Nicolás Hernández Huala, Ricardo Antigual y Ariel Garzi colocaron obstáculos en la vía para que el tren no pase. Y que agredieron a los gendarmes durante un recordado operativo de desalojo. Se investigará si hubo represión ilegal.

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Nicolás Daniel Hernández Huala, Ricardo Darío Antigual y Ariel Mariotto Garzi, los activistas mapuches imputados de impedir el normal funcionamiento del Viejo Expreso Patagónico La Trochita, además de resistencia a la autoridad, lesiones leves y daño agravado.

Así, el tribunal respaldó el fallo que ya había dictado el juez federal de Esquel, Guido Otranto, que imputó al trío impedir el normal funcionamiento del transporte por tierra.

La causa se inició con la denuncia de Bruno Peláez, gerente de La Trochita. El miércoles 24 de febrero de 2016, en el cruce de tierra a la altura de Leleque, dialogó con personas que reclamaban por la ocupación de tierras, quienes le advirtieron que el tren no pasaría por ese tramo de vías, cortado por su reclamo. Esto impedía los viajes y el mantenimiento de la vía para llevar las máquinas a reparar a El Maitén. Un decreto de 1999 declaró al ramal Monumento Histórico Nacional.

Peláez declaró que conversó con dos hombres de rostros cubiertos. Les explicó la necesidad de inspeccionar las vías y de realizar los viajes habituales con turistas y traslado de maquinarias, así como del perjuicio que se ocasionaba a la comunidad Nahuelpan, ya que tenían una relación directa con el ferrocarril.

Pero los sujetos ratificaron el corte de vías basado en la necesidad de “recuperar el territorio que les pertenecía y que le fuera sacado a sus antepasados, y que esta problemática era anterior a la llegada del ferrocarril”.

Le dijeron a Peláez que el rol del tren era “netamente turístico, para personas que podían abonar los viajes, preguntándole dónde iba el dinero que recaudaban del traslado de los `gringos´”. La charla fue pacífica y los sujetos mostraban un importante conocimiento del conflicto.

El gerente puntualizó que el servicio hasta Nahuelpan es turístico. Desde allí hasta El Maitén, a la altura de la comunidad, cerca de Leleque, no se podía circular y no podían constatar el estado de las vías ya que están dentro de campos privados.

Para marzo de 2016 se había programado una inspección para trasladar el material rodante que ingresaría a talleres de reparación y para traer maquinaria en mejor estado.

El juez Otranto convocó a una instancia de resolución alternativa de conflictos para intentar un acuerdo entre las autoridades de La Trochita y al Lof en Resistencia del Departamento Cushamen en torno a la circulación del servicio ferroviario en el sector Vuelta del Río. En diciembre se dio por fracasado y el tren siguió obstaculizado.

El 22 de diciembre, el juez ordenó el allanamiento del sector de la Estancia Leleque de la Compañía de Tierras Sud Argentina SA, ocupado por Resistencia Ancestral Mapuche.

El objetivo del procedimiento fue remover y secuestrar los obstáculos colocados sobre las vías; identificar a los ocupantes y notificarlos de la imputación en su contra.

ACUSADOS

Fueron detenidos Garzi, Antigual y Huala, acusados junto con otros miembros de haber colocado durmientes y árboles caídos en seis tramos sobre las vías, en el lapso desde el 29 de noviembre de 2016 hasta el 10 de enero de 2017, cuando Gendarmería Nacional los quitó. A Huala se le encontró una boleadora y piedras; a Garzi, una navaja.

También se les reprochó haber agredido a los gendarmes para resistirse al operativo, arrojando piedras y golpeando con elementos contundentes a los cabos Elisa Castellano, Estela Gerónimo y Mario Quintana y a los gendarmes Gisela García y Carlos San Emeterio. Fue lastimada la yegua “Enana”.

PROBADO

Los camaristas consideraron que la obstaculización de las vías se comprobó con los informes, las fotos y el acta de inspección ocular: había once durmientes de ferrocarril y un álamo caído cortado con un hacha o motosierra obstruyendo las vías.

Con testimonios y el libro de guardia del Hospital de El Maitén también se certificaron las lesiones sufridas por el personal de Gendarmería. “No podemos dejar de señalar que dadas las instancias previas a disponerse el allanamiento, los imputados tenían conocimiento acerca de la infracción a las normas penales en las que podían incurrir”, dijo la Cámara.

Al evaluar la actuación de Gendarmería en el allanamiento, los tres imputados denunciaron que fueron “lesionados y víctimas de una actividad abusiva”. Por eso los camaristas Javier Leal de Ibarra, Hebe Corchuelo y Aldo Suárez también ordenaron enviar a la Fiscalía Federal de Esquel los testimonios que aseguraron que hubo violencia policial en ese operativo para que se investigue su veracidad.

Fuente: Diario Jornada