Corrupción en Chubut: claves para entender por qué están libres los empresarios

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/EL ANÁLISIS DE LA NOTICIA) - La posible suspensión del juicio a prueba para 3 de los empresarios involucrados en el escándalo por corrupción en Chubut conocido como causa “Revelación”, acusados por pago de coimas a funcionarios públicos para favorecer el pago de facturas atrasadas, provoca múltiples reacciones, tanto de “resignación” como de rechazos en la opinión pública, en un debate todavía no cerrado, ya que el propio juez de la causa debe responder el próximo 24 de agosto si acepta esta vía, o si eleva el monto de reparación.

¿Cuáles son los principales factores por los que se puede resolver el caso a través de esta vía, que por lo pronto ya significó la liberación de los 3 involucrados?

1) Cambio de calificación del delito. Los fiscales reconocieron en la última audiencia que en el caso de los empresarios Salaberry, Musante y Torraca no pudieron comprobar su participación en la asociación ilícita (figura que por ahora sí se mantiene para los ex funcionarios públicos y otros empresarios implicados). De este modo, dejan de lado esa imputación, pero mantienen la de cohecho activo, que es la única figura que podrían probar.

2) Posible pena en suspenso. El delito de cohecho activo (pagar coima a un funcionario para que éste haga o deje de hacer algo relativo a su función pública) prevé penas de 1 a 6 años de prisión. Como la pena mínima no excede de 3 años, en caso de una eventual condena y tratándose de personas sin antecedentes penales, es previsible que en caso de recibir una condena a prisión, la misma quedará en suspenso. Los empresarios también tienen la opción de ir a juicio y probar su inocencia, pero sus defensas propusieron el mecanismo de la suspensión del juicio a prueba: una propuesta de reparación por el daño causado, sin que ello implique reconocer responsabilidad penal. Cualquiera sea la resolución del juez, si acepta la suspensión o rechaza la modalidad y el juicio siguiera adelante (algo remoto, considerando la jurisprudencia existente en la provincia), estos 3 imputados en particular podrán seguir en libertad hasta el proceso final. Queda pendiente por conocer la contrapropuesta que harán los diputados de la oposición, como querellantes, para elevar el monto de la reparación, a partir de un peritaje sobre las obras certificadas por cada una de las empresas involucradas.

3) La suspensión del juicio a prueba. Es un instituto que está garantizado por fallos de Cámaras y de la Corte provincial, que lo reconocen como un derecho del imputado (sin importar el monto ofrecido por la reparación), cuando se presupone una condena en suspenso, en base a la carencia de antecedentes. El mecanismo consiste en que el imputado ofrece una reparación por el daño causado: en el caso de los empresarios involucrados, ofrecieron reparar sendas comisarías en Comodoro y Trelew, además de un gimnasio en Gaiman. Los fiscales apoyaron esta modalidad, estimando montos no inferiores a 1 millón de pesos por obra, calculando que son 60 los empresarios involucrados en total. Buscaron evitar un pago al erario público indiscriminado, porque no habría posterior conocimiento sobre la asignación o destino de esos fondos. Si no se cumple con el compromiso de reparación, se avanza en el juicio y la eventual condena implicará cumplimiento efectivo de la prisión, sin posibilidad de que quede en suspenso. Durante 8 años, no pueden volver a gozar de un beneficio similar (suspensión de juicio), pero tampoco hay inhibición para seguir actuando como contratistas de obras públicas. Para los fiscales, “una persona condenada a un año de prisión en suspenso, sin tener limitada su libertad ni reparar nada, no tenía sentido”.