CAPITAL FEDERAL - La extensión del caso cuadernos de las coimas a empresas del interior preocupa a directivos y políticos. Desde hace 10 días, las sospechas de pago de sobornos ya no son territorio de las grandes compañías que funcionan en Buenos Aires sino que la cuestión se federalizó. Más de 70 empresas fueron allanadas, decenas de ellas de varias provincias. En la lista figuran CPC y Burgwardt, ambas de Chubut.

Según informó La Nación, el juez Claudio Bonadio ordenó que personal judicial les tocara el timbre a 74 empresas para pedirles documentación que acredite quiénes eran los ejecutivos entre 2003 y 2015. Todas accedieron.

La Justicia ya tiene en su poder gran cantidad de documentos secuestrados y en pocos días, más de 100 empresarios de la construcción de todo el país desfilarán por los Tribunales de Comodoro Py .

Hasta ahora, las grandes firmas ya estaban en la causa pero las más chicas miraban desde afuera el desfile de empresarios. Ahora les tocará a muchos de ellos.

Con esos movimientos del juez Cladio Bonadio y los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo,  no sólo están preocupados los hombres de la construcción sino también gobernadores e intendentes también se pusieron inquietos.

Muchas de las 74 empresas visitadas por la justicia son grandes contratistas en la obra pública y, claro está, aportantes para las campañas, por lo que el impacto del llamado a indagatoria no solo tendrá efectos jurídicos sino también políticos, resalta el mismo diario de Diego Cabot y Candela Ini.

La lista de empresas allanadas fue confeccionada con tiempo. Las primeras estaban en las anotaciones de los cuadernos de Oscar Centeno y después se sumaron otros nombres que aportó el expresidente de la Cámara de la Construcción durante el kirchnerismo, Carlos Wagner.

La ciudad de Buenos Aires es la que más compañías tiene. Vialco (una empresa de Electroingeniería), JCR (Juan Carlos Relats), Contreras Hermanos, Luciano, Dycasa, Decavial, Equimac, Homaq, Panedile, Burgwardt, CCI, Paolini, Fontana Nicastro son algunos de los nuevos nombres de empresas radicadas en territorio porteño que se agregan.

Por primera vez, por ejemplo, se requirió información de Petersen, Thiele y Cruz, la compañía de la familia Eskenazi que construyó, y mucho, en Santa Cruz. Otros de los estrenos es Eleprint, la firma de Gustavo Weiss, el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción hasta noviembre, fecha en que hubo recambio de autoridades.

Decenas de empresas ya empezaron a delinear sus estrategias. En Neuquén, por caso, la firma visitada fue nada menos que CN Sapag, una firma de la familia que maneja el Movimiento Popular Neuquino desde hace 70 años. Jorge Sapag es, desde las sombras, el hombre fuerte de la provincia y tiene relación con la constructora. Cuando era gobernador viajaba continuamente a Buenos Aires y se reunía con Julio De Vido y José López.

https://twitter.com/diegocabot/status/1089577502807343104?s=08

Jamás quedaron registros de aquellas visitas porque entraba directo por la cochera al Ministerio de Planificación. Sapag se hospedaba en la casa de su madre para no dejar huellas en los hoteles. Ahora, la empresa de la familia seguramente tendrá que contestar las preguntas que le haga el juez.

En Chubut, las dos empresas en las que la justicia requirió información son CPC y Burgwardt, según el detalle de La Nación.

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