Deberá pagar $60 mil por amenazar de bomba a colegios

BUENOS AIRES - La Justicia obligó a cumplir tareas comunitarias y abonar la suma de 60 mil pesos a un joven que, en 2018, realizó falsas amenazas de bomba en escuelas de Morón. Se trata de una decisión novedosa que busca desalentar futuros episodios y resarcir los gastos afrontados durante los operativos de emergencia.

Mediante una resolución inédita, la Justicia de Morón determinó que uno de los jóvenes que efectuaron amenazas de bomba en escuelas durante 2018 tendrá que pagar 60 mil pesos, además de realizar tareas comunitarias y entregar al Estado una computadora y un celular de alta gama. La medida apunta a prevenir nuevas intimidaciones y solventar los costos que representaron los operativos anti-explosivos. Sólo en el municipio, pasado superaron el medio millón de pesos.

La decisión fue tomada por la Jueza Graciela Angriman en la sede del Juzgado en lo Correccional Nº 5, en el marco de una causa caratulada “intimidación pública reiterada en tres oportunidades”. La magistrada suspendió el proceso a prueba que recaía sobre el imputado, bajo condición de que este último abone 60 mil pesos en concepto de perjuicios, realice labores en un club barrial, y otorgue al Estado un teléfono móvil y una laptop importados.

También, deberá ponerse a disposición de las autoridades de los colegios afectados, a fines de realizar cualquier tipo de tarea que le sea solicitada "en función de los hechos perpetrados". De esta manera, si no comete un nuevo delito y cumple con todas las reglas de conducta establecidas, podrá ser beneficiado con la extinción de la acción penal. Caso contrario, será llevado a juicio.

La suma abonada será destinada al Municipio, ya que se presentó como particular damnificado a partir de los gastos que implicó la activación de los protocolos de emergencia y seguridad correspondientes a este tipo de intimidaciones.

"El monto fue acordado por las partes y se fijó en proporción a la capacidad de solvencia del imputado, que es mayor de edad, trabaja y estudia en la universidad. Cometió dos de estos hechos durante 2018", explicó Graciela Angriman, titular del Juzgado en lo Correccional Nº 5 de Morón.

Sobre el histórico fallo, el intendente Ramiro Tagliaferro explicó: "El año pasado habíamos decidido demandar por los gastos que se debieron afrontar a los responsables de dichas intimidaciones y es una medida ejemplar para desalentar estas amenazas que perjudican el normal desempeño de las instituciones". "En cada operativo hacemos un esfuerzo logístico muy importante, destinando gran cantidad de personal que podría estar trabajando para los vecinos en otro lugar”, agregó el jefe comunal.

El año pasado se registró una gran cantidad de amenazas de bomba en el Conurbano. Los autoridades llegaron a hablar de un "efecto contagio". Hubo casos extremos, como el del Instituto Elmina Paz de Gallo, en Haedo, que llegó a recibir 18 amenazas en un plazo de 40 días.