TRELEW - Se espera una larga jornada en el Superior Tribunal de Justicia. La Unidad Anticorrupción explicará ante el juez Sergio Piñeda las evidencias en contra del grupo, que incluyen escuchas, documentación y seguimientos. Los exfuncionarios y empresarios serán defendidos por Fabián Gabalachis.

Hoy (viernes) a las 7.30 el juez Sergio Piñeda decidirá la situación procesal de los cinco detenidos ayer en Trelew, Playa Unión y Puerto Madryn. Se trata de Diego Correa, exsecretario privado del fallecido Mario Das Neves; su esposa, Natalia McLeod, empleada de Tribunales de Trelew; Diego Lüters, quien se desempeñaba en la Secretaría Privada de Fontana 50, y los empresarios Sandro Figueroa y Juan Carlos “Tato” Ramón.

El grupo está acusado de asociación y enriquecimiento ilícito, además de negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación al Estado. Además se evalúa imputarlos por lavado de activos. Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams creen que Correa poseía una empresa que figuraba a nombre de su esposa, y que gestionaba que el propio Gobierno que él integraba le compre materiales. El resto de los involucrados habría completado el circuito.

En la sala de audiencias del Superior Tribunal de Justicia en Rawson, la Unidad Anticorrupción revelará ante el juez en la audiencia de control de detención, las evidencias que recolectó en contra del grupo y pedirá que sigan en prisión preventiva. También solicitará más medidas de prueba. El defensor Fabián Gabalachis pedirá la excarcelación o, al menos, el alivio de sus condiciones de detención. Se prevé un largo día.

Definen si Diego Correa y los otros cuatro detenidos seguirán presos

Hay una mujer que sería la sexta integrante del grupo. La esperan ya que está de viaje por el exterior. El secretario de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, precisó que “estaría volviendo en breve al país y, en caso de que no sea así, se activarán todos los mecanismos de pedido de captura internacional”.

En dichos a Radio del Mar que difundió ADN Sur, aclaró que lo secuestrado “es una cifra superior a un millón de pesos conformada en moneda extranjera, tanto euros, dólares, reales, pesos uruguayos y argentinos”.

Cabe recordar que la causa, conocida como Operativo “El Embrujo”, es un desprendimiento de otro caso: los presuntos sobreprecios por compra de materiales para la emergencia climática en Comodoro Rivadavia. Los primeros papeles aparecieron en el sobre anónimo que apareció en Legislatura. Esto generó la denuncia de dos diputados del Frente para la Victoria.

“Seguimos trabajando en la documentación que se secuestró”, aseguró Massoni, quien confirmó que Correa “tenía un pasaje a la Ciudad de Buenos Aires y tuvimos que realizar un operativo cerrojo en el Aeropuerto de Trelew para poder detenerlo. Viajaba con una cantidad de bolsas, chips de teléfono, efectivo y documentos”.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Marcial Paz, destacó la postura oficial de respetar el accionar de la Justicia. “La postura del Gobierno ha sido siempre coherente y clara. Primero el respeto a la independencia de poderes, nosotros no somos jueces y no podemos condenar a nadie. Acá en Chubut se ha demostrado que ha actuado la Justicia con total libertad. El gobernador Mariano Arcioni demostró que la Justicia tiene siempre los elementos a disposición de cualquier investigación”.

“Nosotros somos respetuosos de ese camino y como estamos en plena investigación nosotros vamos a respetar la institucionalidad y lo que resuelva la Justicia, afirmó Paz. “Hay que dejar trabajar y actuar a la justicia, esto es una cuestión elemental, no hay que generar opiniones mediáticas que entorpezcan o desvirtúen cualquier acción judicial”.

“Yo camino por la senda de la honestidad del procedimiento y la tranquilidad de conciencia y tengo tantas ocupaciones que me encomienda el gobernador que no tuve el tiempo mental para ver si esto me sorprendió o no”.

En cuanto a la decisión del gobernador Arcioni de despedir a Correa y Lüters, los funcionarios detenidos, el ministro la calificó como “una demostración de firmeza, ellos fueron separados del cargo una vez conocida la situación de los dos funcionarios. El gobernador obró en consecuencia y los separó del cargo”.

Cuando se lo consultó sobre las implicancias del caso y las posibles consecuencias hacia otros actuales funcionarios, Paz respondió cuestionándose: “¿Quiénes somos para juzgar, más allá de generar corriente de opinión? Nosotros hasta que no se demuestre, no actúe la justicia, no podemos juzgar a ningún funcionario ni tomar medida alguna. El tenor de estas cuestiones tiene dos situaciones, una judicial y otra política que a veces es la que más interesa”.

Igualmente el ministro de Gobierno reiteró que “queremos ser respetuosos de este proceso, hay personas involucradas que no pertenecen más a este Gobierno y está en manos de la justicia la investigación”. Consideró además que “esto no daña en lo absoluto la imagen del Gobierno y la del gobernador”.

Para el funcionario, los procedimientos y detenciones demuestran “un acto de transparencia pública, de libertad de los poderes. Además cada funcionario está a disposición de la justicia y debemos rendirnos a la justicia porque dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.

Fuente: Jornada

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