Demandaron en Estados Unidos al ex teniente Bravo por la Masacre de Trelew
Bajo la Ley de Protección de Victimas de Tortura, familiares de víctimas de la masacre ocurrida en la base aeronaval chubutense en 1972 buscan llevar al ex militar a la justica por primera vez tras 48 años de impunidad.
TRELEW (ADNSUR) - Mientras se espera que se pronuncie la justicia de Estados Unidos sobre la extradición de Roberto Guillermo Bravo a Argentina por su presunta responsabilidad en los crímenes cometidos en la Masacre de Trelew, el Center for Justice Accountability (CJA) presentó una demanda civil en representación de familiares de 4 víctimas, con el acompañamiento del CELS. Este proceso civil corre en paralelo al pedido de extradición y constituye un nuevo pedido de reparación y de rendición de cuentas.
El Centro por la Justicia y Rendición de Cuentas (CJA por sus siglas en inglés, Center for Justice and Accountability), los estudios de abogados Keker, Van Nest & Peters y Markus / Moss PLLP, en colaboración con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentaron una demanda en contra del ex oficial naval argentino Roberto Guillermo Bravo por su presunta participación en el asesinato de presos y presas por motivos políticos en una base militar en Trelew, Argentina ocurrido en 1972.
La demanda civil fue presentada en una Corte de Distrito del Sur de Florida en Estados Unidos a nombre de las familias de cuatro de las víctimas. Bravo se fue de la Argentina en 1973, cuando fue nombrado agregado militar de la Embajada argentina en Estados Unidos. Se radicó en los Estados Unidos después de jubilarse de la Marina y, actualmente, reside en la ciudad de North Miami, Florida. Es un ciudadano estadounidense naturalizado y un exitoso hombre de negocios.
Después de la Masacre de Trelew, el régimen militar intentó encubrir los hechos y persiguió a quienes demandaban justicia y rendición de cuentas por los delitos ocurridos esa noche, incluidas las familias de las víctimas y sus representantes legales. Posteriormente, tres sobrevivientes de la masacre fueron asesinados o desaparecidos. Los miembros de las familias de las víctimas sufrieron amenazas por escuadrones de la muerte. Algunos eventualmente huyeron de la Argentina, incluidas dos de las demandantes.
“Mi padre sobrevivió a la masacre de Trelew y quiso dedicar su vida a exponer la verdad de lo sucedido, pero fue asesinado antes de que pudiera hacer justicia”, dijo la demandante Raquel Camps. “Espero que el sistema de justicia de los Estados Unidos pueda ayudarnos a lograr su objetivo, hacer justicia y, finalmente, cerrar este capítulo doloroso de la historia argentina y poner fin a los 50 años de impunidad de Bravo”.
En 2012, casi tres décadas después del regreso del país a la democracia, se logró realizar un juicio penal contra varios de los responsables de la Masacre de Trelew. Tres de los oficiales que participaron con Bravo fueron condenados por sus delitos en ese juicio. Sin embargo, Bravo permanece fuera del alcance de las autoridades argentinas, quienes actualmente buscan, por segunda vez, la extradición de Bravo para que sea juzgado por su participación en la masacre. El primer intento de extradición de Bravo fue en 2010 y no tuvo éxito.
“La Masacre de Trelew fue el preludio de los horrores que se darían más tarde, y en particular durante el Proceso”, dijo la abogada de CJA, Claret Vargas. “La impunidad empoderó a los militares y allanó el camino para años de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras atrocidades que continuaron hasta 1983. Esta demanda brinda la primera oportunidad en casi medio siglo para responsabilizar a Bravo”.
“Estamos orgullosos de ser parte de un esfuerzo para dar voz a las familias cuyos seres queridos han sido silenciados por Bravo y el régimen militar argentino”, dijo Ajay Krishnan, socio del estudio jurídico Keker, Van Nest & Peters. “Continuaremos avanzando hasta que Bravo rinda cuentas ante los tribunales”.
“Una persona que actúa como juez, jurado y verdugo de presos políticos debe enfrentar a la justicia, y acogemos con agrado la oportunidad de ayudar en este esfuerzo largamente retrasado para responsabilizar a Bravo”, dijo Margot Moss de Markus / Moss PLLC.
Sol Hourcade, coordinadora del área de Memoria, verdad y justicia del CELS ve en esta demanda un hito importante porque “demuestra que, a pesar de los obstáculos para juzgar a Bravo en la Argentina, las y los familiares de víctimas de la Masacre de Trelew no se detendrán hasta obtener justicia”.
