Dictaron la apertura de investigación en un caso de extorsión y amenazas de cinco sindicalistas en Chubut

Este jueves en la Sala de Audiencias de la Oficina Judicial de Rawson, la jueza Karina Breckle dictó la apertura de la investigación en un caso de extorsión y amenazas de cinco sindicalistas en Chubut. 

Así lo estableció durante una audiencia celebrada entre la mañana y la tarde de este 8 de febrero. Además, ordenó la prisión domiciliaria, durante un mes para todos los imputados. 

Se trata del expediente que investiga a Alexis Gutiérrez, Claudio Villarroel, Igor Vera, José Zambrano y Juan Carlos Inaleff, integrantes de SUPA (Sindicato Unidos Portuarios Argentinos) como los presuntos autores del delito de extorsión y amenazas a empresarios de la estiba, que operan en puertos locales.

Cabe recordar que desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) se inició una investigación a partir de la denuncia presentada por los empresarios Raúl Matías Cereseto, Sergio Pantano, Alejandro Suárez, Ezequiel Jarovlasky y Luis Santander.

En el marco de la audiencia, la jueza Breckle resolvió dar apertura formal a la investigación penal preparatoria durante seis meses, de acuerdo al pedido de fiscalía. Además, declaró la inconstitucionalidad del artículo 248 de la Constitución Provincial que otorga inmunidad en su función a los dirigentes gremiales. Luego de esa medida, Breckle tuvo en cuenta un fallo del STJ (Superior Tribunal de Justicia) en el año 2016, sobre el expediente “Hernández, Gustavo s/Hábeas Corpus, SJ Nº 11015, OFIJU - Puerto Madryn”, donde se limitó la protección sindical ante delitos comunes.

Cabe recordar que en esta ocasión, la fiscalía eligió como calificación legal provisoria para Alexis Gutiérrez, Igor Vera y Claudio Villarroel, el delito de extorsión en concurso ideal en relación a los hechos identificados como 1, 2 y 3 en la acusación, en calidad de coautores. Mientras que en el cuarto hecho, a  Alexis Gutiérrez, José Zambrano y Juan Carlos Inalef, el delito de extorsión en calidad de coautores.

Asimismo ordenó la prisión domiciliaria para los cinco imputados, durante un mes, cuando se vuelva a discutir las medidas. En este sentido, la magistrada recordó que tienen prohibido el contacto con las víctimas y sus familiares, tanto de manera directa como indirecta, por sus propios medios o a través de terceros.

LA PALABRA DE LA FISCAL GÓMEZ

Florencia Gómez, fiscal Jefe de Rawson, se refirió a este hecho y señaló que “los imputados utilizaron el gremio que conducen, como un medio para obligar a los empresarios a transferir dinero mediante amenazas para sus propios beneficios particulares”. Asimismo, explicó que “presionaban en función de la rápida descomposición de la materia prima afectando seriamente al medio ambiente. Para ello se cubrían en un falso conflicto de incumplimiento paritario”.