CAPITAL FEDERAL - Este viernes el Gobierno Nacional difundió 10 identikits de cómo se vería hoy el militante de izquierda que disparó un mortero. Sebastián Romero está prófugo desde el 19 de diciembre de 2017. Tiene una orden de captura internacional por disparar pirotecnia contra las fuerzas de seguridad durante los enfrentamientos en el Congreso mientras se desarrollaba el debate por la reforma previsional en la Cámara de Diputados, tras las elecciones legislativas de ese año. Su rostro se hizo conocido por el llamativo método utilizado para repeler a los efectivos: un mortero montado en un palo.

El militante de izquierda, que integra el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) en Santa Fe, fue registrado por la prensa y las cámaras de seguridad el último 18 de diciembre. Por su agresión, el ex precandidato a diputado nacional por Santa Fe fue imputado por intimidación pública, daños y resistencia a la autoridad, delitos que cuentan con una pena máxima de hasta 15 años de prisión.

Según reseña Infobae, el año pasado, Romero decidió publicar una carta en sus redes sociales a fines de marzo. En el posteo, "el hombre del mortero" se justificó: "Hace más de tres meses que no veo a mi familia, mis amigos, a mis compañeros de la fábrica ni a mis vecinos. Estoy siendo perseguido como si fuera un terrorista". En el escrito pidió  también"pelearle a este gobierno hambreador" y "sacar a Macri como sacamos a De la Rúa en 2001".

Según el pedido de recompensa, la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich argumentó en su resolución que Romero participó de las "conductas violentas desplegadas contra el personal de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que conformaba una línea de contención para evitar el avance del público hacia el Honorable Congreso de la Nación".

Piden detener a Sebastián Romero, el hombre del mortero

La causa en la que se lo investiga a Romero está radicada en el juzgado federal que conduce Sergio Torres y tiene como fiscal a Alejandra Mangano. El juez sobreseyó a 58 de las 69 personas que habían sido detenidas aquel día porque no hay nada que acredite que estuvieran cometiendo un delito o acto de violencia que justificara la privación de la libertad o una imputación penal. Es que la mayoría de las actas policiales fueron redactadas con descripciones genéricas, sin la menor referencia a un hecho, lugar y momento concreto.

Por su lado, el activista no tuvo buenas noticias en lo judicial. Un abogado que se presentó como defensor del prófugo instruyó recursos ante el juez Torres y la Cámara Federal para lograr la exención de prisión, pero todos fueron rechazados.

Según la investigación judicial y tareas de inteligencia, el dirigente del PSTU estaría fugado en el exterior.

Fuente: Infobae

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