Diputados piden informe sobre "el compulsivo otorgamiento de liberaciones domiciliarias"

CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Mediante un proyecto de Resolución, los diputados nacionales Lorena Matzen, Roxana Reyes, Gustavo Menna y José Cano solicitan se informe sobre el compulsivo otorgamiento de liberaciones domiciliarias a quienes han cometido delitos graves. Destacan que este tipo de medidas ponen en peligro a la sociedad en su conjunto.

Los diputados requieren al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos conocer: el número efectivo de procesados y condenados que acceden al beneficio de domiciliaria, el tipo de delitos que los beneficiarios han cometido y las medidas y protocolos de seguridad, adoptados frente al COVID-19, en el Servicio Penitenciario Federal. En el mismo proyecto se solicita también, al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad ante la liberación de autores de femicidios y/o violación, si tienen diagramado un programa de acción, así como también, la correspondiente identificación de quienes han sido beneficiados con esta medida para poder garantizar y reforzar la protección a sus víctimas.

“Es triste mirar cómo se tiene en cuenta solamente a una de las partes en esta situación. La concesión de este tipo de beneficios a personas peligrosas para la sociedad, sólo ponen en riesgo a las víctimas. En este momento, en un contexto de pandemia, les sumamos más incertidumbre y las colocamos en un estado de alerta y angustia a miles de personas que ya se encuentran afectadas por la situación y con estas medidas la van a pasar peor”, declaró la diputada Matzen.

Por su parte, el diputado, José Cano, al ser consultado manifestó: "De ninguna manera la violencia y los motines en los penales pueden ser un justificativo para abrir las cárceles y dejar en situación de vulnerabilidad a las víctimas”.

La diputada Reyes comentó: “Es inconcebible que se otorguen prisiones domiciliarias a personas privadas de su libertad, responsables de delitos graves, como lo son los femicidios y las violaciones. La pandemia del COVID-19 deja al descubierto no sólo la desinversión del Estado en las cárceles argentinas, y a una justicia machista. La Ley Micaela, precisamente, se sancionó para poner fin a la justicia patriarcal”.

“El Gobierno Nacional ha convertido la liberación de presos en una política de Estado. Son sus posturas las que dieron lugar a que la Justicia disponga de liberaciones a mansalva, sin cumplir con la ley de derechos de las víctimas de delitos. En muchas provincias, meten presos a trabajadores y comerciantes por infracciones a la cuarentena, pero, al mismo tiempo están liberando delincuentes condenados por delitos gravísimos”, se refirió el diputado Gustavo Menna al ser consultado.