Dos policías irán a juicio por robar dos celulares en un presunto procedimiento de rutina
Se trata del sargento Primero Cristian Aurelio Arroyo y el cabo Primero Francisco Guillermo Díaz, quienes prestaban servicio en la Comisaría de General Mosconi.
COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - En los tribunales penales del barrio Roca se realizó en los últimos días una audiencia preliminar de juicio contra dos policías que son acusados de haber robado dos teléfonos celulares durante un presunto operativo preventivo.
Se trata del sargento Primero Cristian Aurelio Arroyo y el cabo Primero Francisco Guillermo Díaz, quienes en ese entonces prestaban servicio en la Comisaría de General Mosconi.
El hecho sucedió el 1 de abril de 2018 a las 5:30 aproximadamente. Las dos víctimas se encontraban a bordo de un vehículo Renault 9 color gris, en inmediaciones a la plazoleta Petroleros, ubicada Candelaria y Alas Argentinas, del barrio Prospero Palazzo.
Allí se hicieron presentes Arroyo y Díaz a bordo de un móvil policial, y previo exigirles que desciendan del rodado, registraron el mismo sin orden judicial ni motivo habilitante, sustrayendo de su interior dos teléfonos celulares pertenecientes a las víctimas. Posteriormente se encontró en el interior del móvil, un teléfono celular que estaba oculto debajo de la alfombra detrás del asiento del conductor.
En la audiencia que se realizó recientemente el funcionario de fiscalía Facundo Oribones oralizó la acusación, ofreció prueba y requirió se eleve la causa a juicio. Por su parte las defensas no se opusieron a la elevación de la causa a juicio y también se ofreció prueba de parte.
La audiencia preliminar fue presidida por el juez penal Jorge Odorisio.
El hecho fue calificado como “hurto agravado por ser cometido por un miembro integrante de las fuerzas de policía, en concurso real con abuso de autoridad” en calidad de coautores para Arroyo y Díaz.
El funcionario de fiscalía ofreció prueba documental y testimonial para deponer en el debate. También ofreció prueba la defensa de Díaz.
Finalmente el juez penal resolvió admitir la prueba ofrecida por las partes y elevó la causa a juicio oral y público ante un tribunal unipersonal, ya que la expectativa de pena para ambos imputados es de un año de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer la función pública por dos años.