El 14 de junio comienza el juicio oral y público por “Apadrinados”
La causa por tráfico de drogas tiene derivaciones políticas.
COMODORO RIVADAVIA (Por Ana Tronfi / Editora responsable de ADNSUR) - No es una causa más para Comodoro Rivadavia. Mide 23 cuerpos, 4.942 fojas y 17 procesados, once de ellos presos preventivamente. Se la conoce como “Apadrinados” y el juicio oral y público comenzará el 14 de junio, según la resolución a la que tuvo acceso ADNSUR.
Comenzó como un caso de narcotráfico pero las escuchas de la investigación revelaron posibles contactos con el poder político local, que podrían develarse en las esperadas audiencias y que serán orales y públicas. La pesquisa se ramificó en otra causa por falsificación y lavado de dinero, que investiga la jueza Federal Eva Parcio. Podría haber inversionistas de nombre célebre que unan ambos expedientes, derivadas de jugosas escuchas telefónicas.
Como consecuencia de la investigación paralela abierta en el mismo juzgado Federal, hubo allanamientos en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, en el Concejo y el Tribunal de Cuentas, en enero del año pasado, además de una veintena de viviendas en Comodoro y Rada Tilly.
En esta segunda causa derivada de “Apadrinados” y que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública, todavía no ha habido resolución procesal ni imputaciones concretas, aunque es de público conocimiento que las escuchas telefónicas orientaron las sospechas hacia funcionarios municipales y el ex intendente Néstor Di Pierro. Del manto de dudas quedó excluído el actual mandatario comunal, Carlos Linares, que no figura en ninguno de los registros telefónicos vincualados a esta causa.
“Que la jueza Parcio diga qué encontró en esos allanamientos”, desafió Di Pierro en declaraciones periodísticas recientes semanas atrás, reiterando su convencimiento de que la investigación fue una maniobra político judicial para coartar su candidatura al Senado de la Nación, que finalmente perdió a manos de Mario Pais.
En el juzgado no acusaron recibo, pero confían en la documentación reunida a lo largo de casi dos años de investigación: “son muchas personas y empresas y el expediente ha tomado un gran volumen. La AFIP sigue trabajando en más de 20 fiscalizaciones de empresas. Y el nuevo director regional de AFIP, viene con expresas instrucciones del actual director de AFIP para profundizar la tarea que vienen realizando respecto a esa causa”, detalló la jueza a radio Cien Punto Uno, semanas atrás.
Paralelamente, se evalúa la documentación ingresada recientemente y se anticipa que la definición de la causa sería inminente, partiendo desde la incompatibilidad entre declaraciones juradas de bienes presentadas por los funcionarios investigados y la constatación de sus bienes patrimoniales.
El caso otro giro el año pasado: en plena efervescencia preelectoral, dos partidos políticos opositores solicitaron al Concejo Deliberante que constituyera el proceso de juicio político contra el entonces intendente y otros representantes políticos, entre ellos el entonces concejal (y actual vice intendente) Juan Pablo Luque, que aparecía mencionado en escuchas telefónicas y que fueran divulgadas por Radio Visión.
Como consecuencia, Luque se presentó en la justicia provincial para iniciar el proceso de vindicación, a cuya obligación están sometidos los funcionarios públicos acusados por actos irregulares cometidos en la función pública.
EL JUICIO CONTRA LOS ACUSADOS POR NARCOTRÁFICO
Mientras tanto, la investigación por narcotráfico -denominada "Apadrinados"- de la cual se desprendió aquel expediente por presunto lavado de dinero, comenzará a ventilarse una semana antes del inicio del próximo invierno.
El Tribunal Oral Federal de Comodoro decidió que los 11 detenidos sigan tras las rejas hasta el inicio del proceso en el que serán juzgados. Es que debido a la gravedad de las acusaciones y las posibles penas de cárcel que enfrentan, nada asegura que no intenten escaparse. “Es deber del Tribunal asegurar la presencia de los encausados a fin de reconstruir los hechos y determinar su verdad histórica”, dice la resolución a la que tuvo acceso ADNSUR. Todos serán enjuiciados por comercio agravado de estupefacientes.
Sergio Daniel Alarcón, José Omar Almonacid, Gustavo Antonio Báez, Julio Ricardo Farías, Claudio Miguel Morales y Ricardo Humberto Sartorio están detenidos desde el 10 de junio de 2014, con procesamiento confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
Héctor Nicolás Boccardo tiene prisión preventiva desde el 28 de mayo de 2014; Cristian Andrés Jones, desde el 12 de junio de 2014; Gustavo Javier Soto y Ricardo Tardón, desde el 28 de mayo, y Daniel Ricardo Tardón, desde el 31 de julio de 2014.
Según los jueces Enrique Guanziroli, Pedro de Diego y Nora Cabrera de Monella, “hay suficiente evidencia para precaver una eventual intención de fuga, eludiendo la próxima audiencia judicial puesto que no se acreditó un especial arraigo o exhibió una vocación de sujeción por parte de los encausados”. Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, una prisión preventiva no puede durar más de dos años. Se puede prorrogar un año si la causa es muy compleja. Es el caso de “Apadrinados”.
El caso se bautizó así porque el “Cabezón” Morales, uno de los presos, habría presumido el “padrinazgo” de ciertos políticos. Hubo allanamientos en Comodoro y Esquel, con el secuestro de 54 kilos de marihuana, cocaína, “alita de mosca”, armas de fuego, dinero, vehículos, elementos de corte y balanzas.
EL PEDIDO DE LUQUE
La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que sea la justicia provincial la que investigue a Juan Pablo Luque, luego de que el actual viceintendente de Comodoro Rivadavia presentara una acción de vindicación para defenderse de las críticas que el año pasado lo vincularon con la causa “Apadrinados”.
En julio del año pasado, cuando era presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria y flamante precandidato a vice de Carlos Linares, Luque pidió él mismo ser investigado para que se probara su falta de vinculación con las escuchas que se difundieron de esa causa federal y que no había incurrido en mal desempeño.
Se basó en el artículo 68 de la Constitución provincial: “Todo empleado o funcionario público a quien se le imputan delitos en el ejercicio de sus funciones o faltas que afectan su actuación pública, está obligado a acusar para vindicarse. Tal acción deber ser ejercitada dentro de un plazo máximo de treinta días contados desde la toma de conocimiento de la imputación, constituyendo su omisión falta grave a los efectos pertinentes”.
El entonces edil se defendía así de los ataques en su contra que se generaron en el parlamento, donde se lo vinculaba -según él de manera falaz- con "desfalcos financieros" en perjuicio de la administración pública local.
Su réplica generó una discusión de competencia entre el Juzgado Penal de la ciudad petrolera y la jueza federal Eva Parcio. Ambos consideraron que al expediente le correspondía al otro. Los primeros decían que la presentación de Luque tenia íntima conexión con los hechos que se investigaban en el marco de la causa FCR 7313/2014, "Prefectura Naval Argentina - Del. Comodoro Rivadavia investigación falsificación de moneda"; los segundos rechazaban hacerse cargo y argumentaban que no surgía del expediente cuáles serían los elementos que vincularían a esa causa con la acción de vindicación ejercida por Luque.
Según un dictamen de la Procuración Fiscal, firmado por Ezequiel Casal, previo al fallo de la Corte, “más allá de su naturaleza jurídica y del encuadramiento que se le dé desde el punto de vista procesal penal a la presentación efectuada por Luque, tanto de ella como de los demás elementos acompañados, o de las resoluciones del declinante, no surge en concreto cuál sería el objeto procesal cuya pesquisa se persigue en esta causa”.
En este escenario, “tampoco puede establecerse al momento alguna relación con la causa FCR 7313/2014, ´Prefectura Naval Argentina de Comodoro Rivadavia investigación falsificación de moneda´. La Procuración recordó respecto de esta causa que la Corte ya resolvió en septiembre que la investigue la justicia provincial.
“Resulta aplicable la doctrina del Tribunal –agrega el dictamen-, según la cual, si la contienda de competencia no se encuentra precedida de una investigación suficiente que permita individualizar los hechos sobre los cuales versa con la certeza necesaria para encuadrarlos prima facie en alguna figura determinada, se encuentra impedido de ejercer las facultades previstas”.
Por lo tanto, Casal opinó que corresponde a la justicia provincial “incorporar los elementos necesarios para darle precisión a los hechos que serían materia de pesquisa en esta causa y resolver, luego, con arreglo a lo que de ello surja”.
Los ministros del máximo tribunal nacional, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, coincidieron con esta solución y ordenaron que el caso de la vindicación de Luque se envíe al juez penal Jorge Odorisio y no a la jueza Parcio.
