El Consejo de la Magistratura debe resolver otra denuncia contra una jueza por un proceso que involucra al grupo Indalo

La otra denuncia que debe resolver el Consejo de la Magistratura desde este miércoles en Esquel, además del sumario contra Daniel Báez, es contra la jueza civil Alicia Arbilla, por presunto mal desempeño en el manejo de una causa civil que involucraba bienes del frigorífico Santa Elena, ubicado en Gobernador Costa y que años atrás formó parte de las inversiones del grupo Indalo.

La magistrada fue denunciada por el contador Lucas Aimar, en su carácter de apoderado de la firma Ganadera Santa Elena, por entender que la jueza incurrió en conductas que reflejan desconocimiento del derecho y mal desempeño, previstas como causal para un juicio de destitución.

En concreto, la acusación sostiene que la jueza habría actuado en connivencia con el abogado José María Venancio, quien “actuando en representación de la parte actora en los juicios” contra el citado frigorífico, “obtuvo el embargo y el secuestro de bienes de una persona jurídica que nada tenía que ver con los pleitos antes mencionados y el remate de uno de ellos a precio vil, por un valor doscientas veces inferior a su precio de plaza”.

En su presentación ante el Consejo de la Magistratura, el contador aclara que el establecimiento fue objeto de un contrato de alquiler entre la sociedad presidida por Cristóbal López, ‘Ganadera Santa Elena’ y su socio Fabián De Souza, como presidente de ‘Establecimiento Santa Elena’, pero aclara que “las sociedades mencionadas tenían un funcionamiento totalmente independiente y se encontraban vinculadas únicamente por dicho contrato de alquiler”.

Más allá de ese detalle societario, lo que deberá resolver el Consejo de la Magistratura es si hay causal para iniciar un juicio de destitución a la jueza Arbilla, o si el sumario concluye con un pedido de archivo,  a partir de la acusación planteada por el abogado.

Según aquella presentación, la irregularidad se vincula a una sentencia contra la firma, a partir de una demanda laboral de un veterinario que fue despedido de la misma, por un monto total de 38.000 pesos, a mediados del año 2018.

Según la acusación, en la indemnización que ordena pagar la sentencia se habilitó el embargo de un generador eléctrico que excedía largamente el valor demandado (que el titular del frigorífico adujo que estaba imposibilitado de pagar en ese momento, ya que estaba detenido en el penal de Marcos Paz), ya que ese equipo tenía un valor de unos 200.000 dólares, lo que a valores de ese momento equivalía a alrededor de 8 millones de pesos.

“Es decir, para satisfacer el crédito liquidado, el abogado Venancio hizo embargar, sin que esto llamara la atención de la magistrada interviniente, un bien cuyo valor superaba doscientas veces el monto reclamado”, señaló el contador en su denuncia.

Añade además que el equipo no era propiedad de la firma demandada, es decir la de Fabián de Souza, sino la que había cedido las instalaciones en alquiler, es decir la de Cristóbal López.

No obstante, la jueza autorizó el embargo y el remate del bien, mientras que la denuncia señala que solamente el traslado del equipo hasta la ciudad de Esquel tuvo un costo de 35.000 pesos, es decir casi el mismo valor que la suma demandada por el abogado que representaba al veterinario despedido.

Finalmente, el generador fue rematado en un valor de 97.000 pesos, más una comisión de 9.700 pesos, agregando además que el supuesto comprador había sido uno de los testigos presentados por el abogado demandante en el juicio laboral.

Una maniobra similar fue replicada en otras demandas laborales, según el tenor de la denuncia de 42 fojas, con embargos de bienes por sobre el valor del monto reclamado, lo que también derivó en una denuncia penal contra la jueza y el abogado en cuestión, quienes “aprovecharon la indefensión de López y De Souza”, cuando estaban privados de libertad, según se desprende de la demanda.

La decisión de la comisión de admisibilidad sería desestimar la denuncia

El Consejo de la Magistratura tiene previsto tratar también el dictamen en torno a la admisión de la denuncia contra la jueza Arbilla, pero según trascendió habría una posición vinculada a rechazar la presentación, hasta tanto haya resultados en la denuncia que por otra parte investiga la justicia penal.

En efecto, el 28 de diciembre pasado la fiscal María Bottini dispuso la apertura de la investigación contra la jueza Arbilla, el abogado Venancio y otro particular acusado como beneficiario de los bienes que, según esa presentación, fueron irregularmente desapoderados a Ganadera Santa Elena.

De acuerdo con lo que pudo saber esta agencia, el criterio a adoptar sería el de esperar a que se conozcan los resultados en la sede penal, algo que a su vez podría reiterar una experiencia ya registrada con anterioridad por el mismo organismo.

Fue en relación al caso del juez civil Gustavo Toquier, también involucrado en una causa relacionada al grupo Indalo, quien pese a que el Consejo recomendó sólo una sanción de tipo administrativa, posteriormente fue condenado por el delito de prevaricato por la justicia penal, en un fallo conocido meses atrás.