El defensor de la jueza Suárez dijo que debe archivarse el juicio en su contra

El defensor público Jorge Benesperi, que representa a la jueza Mariel Suárez, dijo este lunes que -entre miércoles y jueves- se conocerá el pronunciamiento del Tribunal de Enjuiciamiento y espera que resuelva el archivo del juicio en contra de la magistrada comodorense, acusada por mal desempeño a partir de sus polémicas visitas al preso Cristian Bustos.

El proceso denominado ‘jury’ de enjuiciamiento, por el que la jueza Suárez debería afrontar un juicio político para determinar si debe dejar de ser jueza o no, podría quedar inconcluso esta semana, si es que el Tribunal adopta el mismo criterio que ya aplicó al caso del fiscal Fernando Rivarola, de la ciudad de Rawson.

“Lo que hemos pedido en la audiencia realizada el viernes es ni más ni menos que se cumpla la ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que establece un plazo de 6 meses para realizar el sumario desde que ingresó la denuncia”, aseguró el defensor público, que representa a la jueza involucrada en el escándalo que adquirió repercusión nacional, tras el video que circuló en el que parece besar al condenado por homicidio.

LA ACUSACIÓN VA MÁS ALLÁ DEL "BESO"

Aunque la jueza asegura que nunca besó al preso y que lo visitaba para un trabajo de investigación en el que pretende escribir un libro sobre su vida, las acusaciones cuestionan la conducta por vulneraciones a distintas normas que regulan el trato y procedimientos que debe tener el juez ante el justiciable, sobre el que todavía tenía decisiones por tomar.

Dicho de otro modo, las irregularidades se configuran independientemente de si lo que se ve en el video, donde ambos se encuentran sentados en el piso, es un acercamiento “para que los guardias no oyeran lo que hablaban”, como se defendió la magistrada, o un beso, como sostiene parte de la acusación.

Si el Tribunal de Enjuiciamiento hace lugar al pedido del defensor, los antecedentes del caso por el que se acusa de mal desempeño a la magistrada no llegarán a considerarse, ya que simplemente se archivarán las acusaciones –de seguir ese criterio- por considerar que la acusación se hizo fuera de tiempo.

Entre las irregularidades planteadas en la acusación, se consideró además que las visitas fueron en 3 ocasiones, apelando a su rol de magistrada para evitar seguir el procedimiento habitual, pero configurando la irregularidad al mantener la reunión con el el hombre que debía juzgar sin conocimiento de las otras partes del proceso. 

Por otro lado, también se cuestionó la conducta de la jueza al haber mentido, alegando razones de enfermedad, para desatender una audiencia que debía presidir en su juzgado cuando estaba de turno, pero en realidad había viajado a Trelew para visitar al preso Cristian Bustos. 

“SOLO PEDIMOS QUE SE CUMPLA LA LEY”

Benesperi también representó al fiscal Fernando Rivarola, a quien el mismo Tribunal de Enjuiciamiento hizo lugar a un planteo similar, por vencimiento de los plazos, archivando las actuaciones en su contra. Rivarola estaba acusado por mal desempeño en un caso que involucraba tenencia de videos con abuso sexual infantil, además de presunta violencia de género en el ámbito laboral en contra de una fiscal bajo su dependencia jerárquica.  

Al hacer referencia al juicio pendiente contra Suárez, su abogado defensor explicó que cabe la misma resolución que ya se adoptó a favor de Rivarola:

“Este proceso comenzó en enero de 2022 y concluyó en noviembre del mismo año, cuando ya el Consejo de la Magistratura no tenía competencia para actuar, porque las conclusiones del sumario debieron presentarse el 17 de junio de 2022”, aseguró Benesperi, en diálogo con Actualidad 2.0, al contabilizar los 6 meses desde el ingreso de la denuncia y el límite de 180 días para la entrega de las conclusiones.

Desde el Consejo de la Magistratura se argumentó en la audiencia del viernes último que los 6 meses deben contabilizarse desde el momento en que la ‘comisión de admisibilidad’ hace lugar al ingreso formal de la denuncia y ordena la apertura de un sumario, por lo que el proceso habría concluido en tiempo y forma al considerar esos períodos.

Sin embargo, Benesperi respondió que esa forma contar el plazo se introdujo en una modificación a la ley, que es posterior al momento en que se resolvió el sumario de Suárez, por lo que recordó que ninguna ley puede aplicarse en forma retroactiva, sino que empieza a regir desde el momento de su sanción y promulgación.

Además, recordó que hasta el año 2020 el plazo legal era de sólo 3 meses y con ese rango de tiempo hubo numerosos procesos, en los que jueces y fiscales fueron sumariados y enjuiciados, con destitución y sobreseimientos, por lo que consideró que los 6 meses que establece la nueva ley es un tiempo adecuado para la resolución del sumario, previo a la elevación al juicio de destitución.

También rechazó los cuestionamientos que formularon los consejeros, al señalar que hubo “acuerdos” para beneficiar a los magistrados, en alusión a una defensa corporativa que impediría el normal juzgamiento de jueces y fiscales en la provincia.

“No tengo idea de a qué se refieren –aseguró Benesperi-, yo lo que hice fue pedir el cumplimiento de la ley, por pedido de los magistrados a los que represento. En el caso del fiscal Rivarola ya se resolvió el archivo por vencimiento de plazos y ahora, por los mismos argumentos, no habría razón para que el Tribunal de Enjuiciamiento resuelva algo diferente”.