El juez federal Julián Ercolini dispuso hoy la revisión de las llamadas entrantes y salientes entre el ex presidente Alberto Fernández y la ex primera dama Fabiola Yañez, en el marco de la denuncia por violencia de género presentada por Yañez. La medida abarca el período comprendido entre 2016 y finales de 2023, según lo solicitado por el fiscal federal Ramiro González. Esta decisión se enmarca en la imputación formal de Fernández por lesiones leves y graves, agravadas por el vínculo y amenazas coactivas.

La solicitud de análisis de comunicaciones fue parte de las medidas de prueba requeridas por González, quien también había pedido una inspección judicial a la quinta de Olivos, la cual fue rechazada por Ercolini. El magistrado consideró que una inspección en este momento no es necesaria para el desarrollo de la investigación.

El análisis de las llamadas se centrará en la comunicación entre Fernández y Yañez desde 2016, cuando Yañez alegó haber sido forzada por Fernández a someterse a un aborto, hasta finales de 2023, año en el que continuó denunciando hostigamiento. Este período coincide con el final del mandato presidencial de Fernández.

El juez Ercolini ordenó analizar las llamadas entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández

La querella de Yañez, representada por la abogada Mariana Gallego, solicitó que el análisis se limite a las comunicaciones entre los dos involucrados, en lugar de incluir todas las llamadas recibidas por Yañez y Fernández.

Además de ordenar el análisis de las llamadas, el fiscal González citó a seis testigos clave para declarar en la causa, con fechas aún por definir, que se espera comiencen la próxima semana. Los testigos incluyen a María Cantero, ex secretaria privada de Fernández; Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial; Miriam Yañez Verdugo, madre de Fabiola; Sofía Pacchi, amiga de Yañez y asistente a la fiesta de Olivos, y la periodista Alicia Barrios. También se citó a Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Fernández.

En su imputación, el fiscal González describió la relación entre Fernández y Yañez como marcada por "hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar", exacerbado por el poder presidencial de Fernández.

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