Emergencia Climática: “La verdad quedó expuesta, faltan funcionarios de las más altas esferas en este juicio”

Este miércoles se dio inicio de los alegatos finales en el juicio por la Emergencia Climática en Comodoro Rivadavia. En ese marco, el fiscal Cristian Olazábal expuso “certificaron maquinarias que nunca existieron, hay operarios conduciendo máquinas viales por albañiles, que lo único que sabían hacer es pegar bloques. Estas certificaciones permtieron obtener el pago de trabajos no realizados”, planteó. 

“Como conclusión de este juicio oral y público -dijo- faltan personas sentadas como acusados, porque este perjuicio a la comunidad de Comodoro Rivadavia no lo cometieron sólo ellos. Faltan personas de las más altas esferas que también cometieron el fraude”. 

Expresó además que por tratarse de una causa por hechos de corrupción, los tiempos de prescripción son más amplios, dando a entender que habrá una nueva investigación, desprendida de este primerjuicio.

Dijo ademàs que para que los empresarios pudieran concretar el fraude, fue fundamental la participación de los funcionarios imputados, pero insistió en remarcar que "ellos no fueron los únicos", al insistir en que hubo funcionarios de más alto rango que también deberían responder penalmente por los hechos.

Emergencia Climática I” en Comodoro:

La investigación se origina como consecuencia de la tormenta denominada “ciclón extra-tropical” que azotó nuestra ciudad entre los días 29 de marzo y 9 de abril de 2017 en la cual según el Servicio Meteorológico Nacional se produce la precipitación de casi 400 mm. de agua, que generó consecuencias nefastas en distintas zonas de la ciudad que anegó calles y viviendas. El 5 de abril de 2017 el Consejo Deliberante local declara la emergencia económica, social y administrativa y libera al Poder Ejecutivo local a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos. Así con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta se contratan desde el Municipio 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial. Se confeccionan partes diarios, fraguados, que eran autorizados para sus pagos por los funcionarios Boyero y Palomeque.

Entre los imputados se encuentran: Cristian Hernán Lobos Rozas, Joaquín Mansilla, Abel Boyero y Rubén Palomeque (estos dos últimos funcionarios públicos al momento de los hechos); Javier Morales, Julián Astiz, Roberto Monasterolo, los hermanos Cristian y Gonzalo Pérez, Alejandro Herk, Marcelo Van Heerden, Rubén Sartori y Juan Carlos Lara.