Emergencia climática: el municipio de Comodoro debe expresar si acepta la reparación económica ofrecida por empresarios

La causa emergencia climática investiga las presuntas irregularidades cometidas durante los trabajos de limpieza del barro que afectó a Comodoro Rivadavia durante la catástrofe climática de hace 5 años.

Según la fiscalía, hubo un perjuicio que en ese momento fue estimado en 900.000 dólares, al cotejar los trabajos facturados con lo efectivamente realizados. Por eso se acusa a empresarios y también a los funcionarios públicos que tenían responsabilidad en aquel momento, particularmente Abel Boyero, quien se desempeñaba como secretario de Infraestructura; y Rubén Palomeque, que era secretario de Servicios Públicos.Si el municipio acepta la reparación económica, entonces los empresarios quedarían liberados del juicio a partir del mecanismo de la suspensión de juicio a prueba. De lo contrario, deberían afrontar el juicio penal, al igual que quienes ocupaban cargos públicos durante el operativo de limpieza del barro de la ciudad.

Ofecen plata para evitar el juicio

Por otra parte, los empresarios involucrados ofrecieron una reparación económica, para acogerse al beneficio de la suspensión del juicio a prueba. El lunes próximo (5 de diciembre), según dispuso la justicia, el municipio deberá expresar si acepta o rechaza la propuesta de reparación, conocida como ‘suspensión de juicio a prueba’.

“Ellos ofrecen una reparación en base al sistema judicial, que toma en cuenta la tasa de descuentos del banco Chubut, que es menor a la inflación”, explicó el fiscal Héctor Iturrioz. “Si se aplica el dólar blue, la reparación debería ser de unos 300 millones de pesos, pero con el otro sistema deben ser entre 70 y 80 millones”.

También los funcionarios públicos habían ofrecido una reparación económica para la suspensión del juicio a prueba, pero en este caso el fiscal y la jueza interviniente rechazaron esa posibilidad, a partir de una norma que impide ese tipo de beneficios para funcionarios acusados por hechos de corrupción.

“La jueza Martini sentó su postura y dijo que es igual a la del Ministerio Público –dijo Iturrioz, en diálogo con Actualidad 2.0-. No se  va a conceder este beneficio a los funcionarios y queda por escuchar la postura del municipio frente a la propuesta de reparación económica de los empresarios”.

Además de Boyero y Palomeque, entre los involucrados se encuentran Cristian Hernán Lobos Rozas, Joaquín Mansilla, Javier Morales, Julián Astiz, Roberto Monasterolo, los hermanos Cristian y Gonzalo Pérez, Alejandro Herk, Marcelo Van Heerden, Rubén Sartori y Juan Carlos Lara, según informó oportunamente el área de prensa del Ministerio Público Fiscal..

Si el municipio acepta la reparación, igualmente la causa avanzará en un juicio contra quienes ocupaban cargos públicos al momento de la emergencia, por lo que afrontarán la acusación de fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso con falsedad de instrumento público porque “ellos certificaban una cantidad de obras que no se hicieron, registraron máquinas y personas que no trabajaron”, según refirió Iturrioz.

La audiencia preliminar de la emergencia climática se prolongó desde los primeros meses, ya que hubo planteos de las defensas que debieron ser abordados por la Cámara de Apelaciones, mientras que ahora se espera la etapa definitoria para determinar cuánto recuperará el municipio de lo que pagó de más y si finalmente quienes ocupaban cargos irán a juicio o no.