El fiscal Héctor Iturrioz planteó en la primera jornada de la audiencia preliminar de la investigación por emergencia climática en Comodoro Rivadavia que el municipio de Comodoro Rivadavia podría haber pagado trabajos sobre facturados en 900.000 dólares, durante las tareas para retirar el lodo que se esparció sobre la ciudad durante el temporal que se prolongó entre 29 de marzo y el 10 de abril de 2017. Este lunes se rechazaron los pedidos de sobreseimientos, mientras que en la jornada del martes se estima que habría ofrecimiento de suspensión de juicio a prueba por parte de las defensas de la mayor parte de los 13 imputados.

Según expuso el fiscal durante la primera jornada en la audiencia preliminar, no hay dudas de que los trabajos fueron realizados por las empresas involucradas, pero lo que se apunta a determinar son las irregularidades que podrían haber favorecido que, ante la falta de control o la anuencia de funcionarios públicos involucrados, las facturas presentadas hubieran sido por el doble, en algunos casos, sobre el trabajo efectivamente realizados.

“El objetivo de mínima para el MPF es que este hecho se dilucide en juicio –indicó Iturrioz al término de la primera jornada, en contacto con ADNSUR-, hay cuestiones que requieren valorar la prueba y esto sólo se puede hacer en el debate. La jueza coincidió con el planteo de la fiscalía y rechazó los seis planteos de sobreseimiento que se hicieron, salvo una posibilidad que quedó abierta, por una cuestión técnica, para el doctor Iglesias, que es el defensor de Abel Boyero”.

El temporal que dejó grandes daños en Comodoro Rivadavia.

“Lo que se reprocha es que se inflacionaron los trabos –detalló el fiscal-, no hay dudas de que se hicieron trabajos, pero está en duda los pagos que se le cobraron al municipio. En algunos casos hubo maniobras groseras, como hacer trabajar a equipos viales que no existían o no estaban en poder de los imputados, o asentar nombres de personas que no estaban trabajando en Comodoro”.

Señaló el fiscal que a valores constantes, el monto en que se habría perjudicado al municipio, para tomar valores constantes, estaría en el orden de los 900.000 dólares, que “a dólar blue sería 180 millones de pesos”.

Finalmente, comentó que en la jornada del martes podrían presentarse requerimientos de suspensión de juicio a prueba, por lo que el fiscal anticipó su postura favorable a esa instancia, “siempre que paguen el monto en que fue perjudicado el municipio, es decir los 180 millones de pesos o un poco más en carácter de resarcimiento”.

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