En 2018 hubo 348 allanamientos en Comodoro
Lo informó la Fiscalía. Los allanamientos son el corolario del trabajo previo del Ministerio Público Fiscal en coordinación con la Brigada de Investigaciones, las distintas Seccionales de Policía o la División de Sustracción de Automotores.
COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - A lo largo de todo el año pasado, desde la Brigada de Investigaciones se solicitaron 348 pedidos de allanamientos, es decir, un promedio de 29 por mes que, sumados a los de las distintas dependencias policiales, hicieron un promedio aproximado de 35 solicitudes mensuales.
Los allanamientos son el corolario del trabajo previo del Ministerio Público Fiscal en coordinación con la Brigada de Investigaciones, las distintas Seccionales de Policía o la División de Sustracción de Automotores, que llevó a reunir elementos de juicio para avanzar en el procedimiento de averiguación preliminar de la causa, explicó la Fiscalía.
Dicha averiguación preliminar y trabajo previo que el Ministerio Público Fiscal local ha procesado con el nuevo Código Procesal Penal de la provincia con aproximadamente 100.000 casos desde fines de 2006 hasta la actualidad. Todas las solicitudes de allanamiento ingresan por el sector de “Gestión Inicial” del Ministerio Público Fiscal local y luego son derivados, según sus características, a las distintas fiscalías especializadas.
Es en el sector de Gestión Inicial, donde se generan las investigaciones preliminares que, en muchos casos, derivan en diligencias de allanamientos para recupero de los elementos sustraídos y consecuentemente reunir evidencia probatoria.
Las medidas de allanamiento son diligencias previstas en la Constitución Nacional que establece los recaudos para poder sortear el derecho a la inviolabilidad de las viviendas.
En la práctica, es un acto complejo donde interviene la policía, el Ministerio Público Fiscal y se perfecciona con la autorización del juez penal.
Cuando el pedido de allanamiento nace de parte de la fuerza policial, auxiliares de la justicia, debe ser requerido al fiscal por escrito con una detallada y pertinente fundamentación. Así, el representante del Ministerio Público Fiscal supervisa y perfecciona el pedido. Si el mismo está debidamente fundado, eleva el pedido al juez penal de turno, que es quién finalmente autoriza o rechaza la medida solicitada.
