En Argentina hay un total de 51.262 prófugos
Si el Estado lograra apresar a todas las personas que tienen pedidos de captura, no habría lugar físico para alojarlos.
RAWSON - Tras la detención del chubutense Martín Espiasse, el evadido más buscado del país, que asesinó a dos policías en Rawson, revelaron que en Argentina hay un total de 51.262 prófugos . El dato desnuda la fragilidad y vulnerabilidad del sistema en general. En la actualidad, en el país hay alrededor de 87 mil presos, y ya hay superpoblación carcelaria. Si el Estado lograra apresar a todas las personas que tienen pedidos de captura, no habría lugar físico para alojarlos.
La frase “zona liberada” es repetida por muchos ciudadanos al referirse a sectores peligrosos en donde los delincuentes se desenvuelven y eligen para hacer cometer actos delictivos, pero al parecer, el país es general está “liberado” por la cantidad de personas que están prófugas y que seguramente conviven entre nosotros de manera normal y sin temor a la justicia. De lo más de 51 mil casos, hay algunos que las autoridades consideran “complicados”. La lista está compuesta por argentinos y extranjeros. Según el Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas, el 77 por ciento son argentinos y el 23 restante de otras 87 nacionalidades.
El (CUFRE) definió una estructura piramidal de evadidos cuya base está conformada por cerca del 70% de los prófugos, considerados comunes, un 20% de casos “complicados” y el resto (10%) de “élite”. De esta manera, se conforma el total de los 51.262 prófugos registrados por el Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Co.Na.R.C.). Lo llamativo es que una buena parte de los prófugos no saben que tienen pedido de captura. ¿El motivo? El abogado no les avisó, o bien la ignoraron. Además, siguen con su vida habitual, hacen trámites sin alterar su estilo de vida ni su domicilio y no están en actitud de fuga.
TRES PARÁMETROS
Por resolución, el CUFRE trabaja en tres parámetros: los condenados; las personas que tienen recompensa establecida por el programa que actualmente tramita el Ministerio de Seguridad, y la tercera opción es en casos complejos y a pedido de la Justicia.
En vacaciones, y los fines de semana largos, por controles propios se detectan más prófugos. En época de veraneo, por ejemplo, Prefectura Naval (PNA), Gendarmería Nacional (GNA) y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) elevan el pico de detenciones por el movimiento de gente. La temporalidad depende también de qué porcentaje de esa pirámide se esté hablando. Dentro del gran porcentaje están los vacacionales o los que viajan. Los que se sitúan por encima de esa base de prófugos, eluden pasos fronterizos habituales, tienen mecanismos de disuasión, se mueven con documentos falsos.
CAEN POR LOS AFECTOS O LA FAMILIA
La mayor cantidad de detenciones de estos casos complejos que forman parte del 20% se registraron “por la muerte de la mamá, cumpleaños de los hijos”. “Es gente preparada en contra del sistema que quiere buscarlos y detenerlos. Algunos se mudan una vez por semana. Hasta que se les acaba el circuito y empiezan a repetir los lugares”, explicó un vocero del Cufre. Sin embargo, la mayor cantidad de detenciones de los casos complejos que forman parte de ese 20 por ciento se registraron “por la muerte de la mamá, cumpleaños de los hijos, caen con la familia, con sus afectos, la novia, la mujer. Caen ahí”, señaló la fuente.
CRUCE DE INFORMACIÓN
El CUFRE responde al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) aprobado el 28 de septiembre del 2015 y se sustenta con el aporte de la Secretaría de Cooperación, los poderes judiciales, ministerios públicos y legislaturas. Supervisa y activa lo relacionado con los prófugos para lograr su recaptura, pero no participa de esa acción. El Cufre está operativo desde principios de 2016. Lo integran cuatro mesas de trabajo, con cuatro efectivos de cada fuerza de seguridad, más la participación del Servicio Penitenciario Federal y un coordinador o Secretario Operativo.
Solo reúne la información sobre los evadidos para que todos los entes del Gobierno que intervienen -tanto a nivel nacional como provincial o municipal- den el alerta sobre la fuga de los sujetos. Antes de que el comando se pusiera en funcionamiento, las fuerzas de seguridad no compartían información sobre los prófugos. “Lo que se busca es la interacción de los entes y organismos del Estado para lograr la detención de un prófugo, sin olvidarse de que son fuerzas distintas y que cada una tiene su idiosincrasia”, dijo un integrante del CUFRE. También coordinan con distintas dependencias de una misma fuerza cuando a alguien se lo investiga de manera paralela por distintos hechos.
30 POR LESA HUMANIDAD
El Gobierno Nacional restableció recompensas para dar con 30 prófugos imputados por la Justicia por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La medida, que tendrá una vigencia de 12 meses, fue dispuesta a través de la resolución 1268/2017 del Ministerio de Seguridad, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Patricia Bullrich, y fija el monto ofrecido en 500.000 pesos. La nómina de prófugos está integrada por 30 personas y la recompensa es por datos que brinden por cada uno de ellos, informó la agencia Télam.
La lista la componen Ricardo Aleks, Carlos Alberto Arroyo, Walter Tomás Eichhorn, Héctor Adán Giménez, Luis Esteban Kyburg, Jorge Linares, Vicente Omar Navarro Moyano, Mario Guillermo Ocampo, José Luis Piedra, Humberto Romero Tello, Alberto Horacio Silva, Eduardo Rebechi, Horacio González Llanos, Carlos Luis Carvallo y Guillermo Campanille.
También están en el listado detallado en la resolución publicada hoy Emilio Alberto Rimoldi Fraga, César Heriberto Peralta, Roberto Raúl Squiro, Carlos Gabriel Jesús Isach, Fernando Federico Delgado, Jorge Luis García, Teodoro Aníbal Gauto, Juan Carlos Linarez, Héctor Mario Schwab, Juan Carlos Vázquez Sarmiento, Jorge Raúl Vildoza, Antonio Tuttolomundo, Angel Ervino Spada y Miguel Ángel García Moreno.
La disposición informa que “las personas que quieran suministrar datos deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia al 0800-555-5065 o al número 134”. Finalmente, el texto precisa que el pago de la recompensa de medio millón de pesos será realizado “previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información aportada preservando la identidad del aportante”.
Fuente: Télam
