En Chubut hay 275 alimentantes morosos: qué sanciones se sumarían con la ley que discute el Congreso
Un proyecto aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación busca crear el ‘Registro Nacional de Alimentantes Morosos’ (RENDAM), que contempla una serie de sanciones que en la práctica ya se aplican en Chubut, una de las primeras provincias en crear su propio registro. Allí se inscriben las personas que incumplen la obligación de solventar las cuotas alimentarias establecidas por sentencia judicial.
Si bien cada provincia ya tiene su propio registro, la iniciativa que se impulsa a nivel nacional apunta a unificar el registro de alimentantes morosos, ya que hoy podría darse la circunstancia de que alguien que sea deudor en Comodoro Rivadavia “podría ser intendente en cualquier ciudad de Santa Cruz”, según graficó una fuente del ámbito judicial, como ejemplo de la importancia de unificar todo en un solo registro para todo el país.
Desde esa perspectiva, es posible que se sumen determinadas sanciones que están contempladas en el proyecto de ley, que ahora deberá ser tratado por el Senado de la Nación, entre las que se cuentan, entre otras: la imposibilidad de abrir nuevas cuentas bancarias y tarjetas de crédito; renovación de la licencia de conducir; desempañar cargos públicos; renovación del pasaporte, abrir un local comercial; ingresar a espectáculos deportivos, etc.
Las sanciones que ya se aplican en Comodoro
Según la ley provincial vigente en Chubut, n consideradas “alimentantes morosos” aquellas personas que adeuden total o parcialmente tres (3) cuotas consecutivas o seis (6) cuotas alternadas.
En Chubut actualmente hay un total de 275 personas inscriptas en el registro, aunque el número es variable de acuerdo con las situaciones que pueden cambiar, tanto de altas como de bajas, una vez que la situación del progenitor regularice la situación.
Prohibiciones para los inscriptos en el registro
La norma, vigente en la provincia desde el año 2001, establece una serie de prohibiciones para quienes aparecen inscriptos en el registro, desde la inaccesibilidad a cargos públicos, como tampoco a la administración pública provincial ni al sistema judicial. Además, se invita a las empresas también a solicitar el certificado de no inscripción a aspirantes de un empleo.
En función de la norma, los jueces de familia pueden dictaminar determinadas sanciones, como los que se han dado en Comodoro Rivadavia: por ejemplo, en un caso a un marinero se le impedía el embarque hasta no mostrar el cupón de pago de la cuota alimentaria; en otro se prohibió la entrada a la cancha para ver un partido de fútbol y hasta se ordenó la suspensión del servicio de internet, o prohibiciones de salir del país.
De este modo, al crearse un registro nacional lo que implicará principalmente es que las restricciones y sanciones que se resuelvan por parte del juez interviniente se extenderán a todo el país, mientras que en la actualidad dichas medidas sólo tienen vigencia en la provincia en que se aplican.
Y si bien las restricciones pueden ser extensivas a otras jurisdicciones, primero debe cumplirse con el libramiento de oficios hacia otras jurisdicciones, de allí que la norma nacional serviría para unificar la información y agilizar las sanciones.