En una audiencia se define si habrá juicio por coimas en vips
La causa involucra a exfuncionadios y policías por supuesto pago de sobornos a la prostitución.
Se trata de la instancia previa para determinar si cabe iniciar un juicio oral y público o establecer el sobreseimiento de alguno de los involucrados en la investigación conocida como coimas VIP impulsada por el fiscal Martín Cárcamo y la fiscal Camila Banfi, que investiga una red de corrupción que incluye el pago de sobornos por sostener departamentos en los que se ejercía la prostitución.
Según recordó tiempo atrás el fiscal Cárcamo, los funcionarios municipales se los imputa por “la exigencia de dinero en concreto para permitir la existencia y funcionamiento de departamentos vips, actividad que luego se ve prohibida por ordenanza municipal que es la que le dio razón de ser a la creación de la Secretaría de Seguridad”.
También se ha podido acreditar a la par de esa exigencia de dinero otras acciones positivas. Esto es "la confección de manera irregular de las libretas sanitarias, y esto lleva a que la imputación incluya el incumplimiento del deber de funcionario público”, remarcó.
Destacó sobre la pena que “en principio cada uno de los seis imputados tiene acusaciones con diversas calificaciones y se les atribuyen distintos hechos”.
A “los integrantes de la Secretaría de Seguridad se los acusa de estas situaciones ilegales y el incumplimiento de deber de funcionario público y en las penas superan los 6 años de prisión y doble de tiempo de inhabilitación para cargos públicos”.
Respecto a los restantes integrantes, para quienes promovieron y explotaron la prostitución, los dos acusados de nacionalidad extranjera, se solicitó la mayor pena de 10 o 12 años de prisión para la mujer y para (el colombiano Juan Carlos Cuellar) Gamboa 7 o 8 años de pena.
La mayor responsabilidad pesa sobre "Guillermina (Ferreyra Armada, administradora del VIP) porque Gamboa desempeñaba tareas que permitían facilitar el ejercicio de la prostitución y beneficiarse económicamente”, sostuvo.
A su vez, indicó que “en el caso del comisario Pulley, a quien se le atribuye específicamente cohecho pasivo en cuatro oportunidades que pudieron ser acreditas en concurso con incumplimiento de deber de funcionario público, (la pena) sería 4 o 5 años de prisión y por cohecho, inhabilitación perpetua”.
