Este sábado se conocerá el veredicto de la Causa Royal Canin

Este sábado a las 13 se conocerá el veredicto por la Causa Royal Canin, que juzgó el presunto robo y venta clandestina de 491 bolsas de alimento para perros que se donaron para los damnificados por el temporal en Comodoro Rivadavia pero nunca llegaron a destino.

En su alegato de este viernes, el fiscal Héctor Iturrioz lo consideró “un claro caso de corrupción pública; la gravedad está referida a las consecuencias que genera en el desmembramiento de la sociedad, además de lo económico”.

El fiscal repasó uno a uno a los testigos que según su visión acreditaron la gestión para la donación del alimento, la recepción en el depósito del Ministerio de Familia en Rawson y el retiro en vehículos particulares de las bolsas. “Se hizo sin firmar ningún remito, por orden de la exministra Leticia Huichaqueo”, destacó. Y diferenció el compromiso ciudadano de los testigos que fueron “claros y coincidentes” sobre cómo se produjo la maniobra.

Consideró como “una maniobra burda” la intención de los imputados de intentar justificar la llegada de los alimentos en Comodoro. También destacó los dichos de algunos testigos que manifestaron con claridad que a la ciudad petrolera “no llegó ninguna bolsa”.

Iturrioz alegó que los investigadores a su cargo encontraron “dos papeles escritos a mano que justificaban la llegada de miles de toneladas de alimentos donados por la solidaridad de muchos argentinos. Por eso a esta causa la voy a seguir a muerte, porque se burlaron de todos nosotros”, enfatizó. Concluyó que la ronda de testigos y documentación permitió probar el delito de peculado.

“La emergencia no liberaba a los empleados para robar poniendo como excusa que la vorágine de la situación impedía el cualquier control”, destacó en alusión a los dichos de algunos de los testigos.

Resaltó el testimonio de Vanina Barale -en ese entonces encargada del depósito- cuando manifestó que Huichaqueo había autorizado a Juan Carlos Gómez -su expareja con rango de director- para retirar mercadería sin firmar ningún tipo de constancia.

Repasó que la denunciante original Gisela Manzanares descubre que el alimento balanceado se vendía a través de las redes sociales a partir de la testigo Sandra Ortega, quien le habría manifestado que Gómez estaba detrás de esa venta. Lo dijo porque su hermana - expareja de Gómez- le habría ofrecido alimento balanceado y al verificar que el precio estaba por debajo del de mercado, le pidió más. Pero su hermana le aclaró que “si quería más debía contactar a Juan Carlos, que él sí tenía más”, relató el fiscal.

Pidió que Huichaqueo y su expareja Gómez –exsecretario de Familia-, sean condenados por peculado y el exsubsecretario de Promoción Social, Marcelo Suárez, por encubrimiento para favorecimiento personal con fondos públicos, y falsedad de documento público.

Los querellantes Mario Romeo de la Oficina Anticorrupción, y Rodrigo Miquelarena, de la Fiscalía de Estado, destacaron la gravedad del mal uso de “fondos de todos” que muchas veces “repercuten en la falta de fondos para salud o educación”.

Miquelarena describió las disputas políticas de la Municipalidad de Comodoro y el Gobierno Provincial al momento de la emergencia, con depósitos en lugares diferentes. Ambos recibían donaciones y de manera “descoordinada” los distribuían.

Por su parte, al alegar ante los jueces Mónica García, Martín O`Connor y César Zaratiegui, el defensor de Huichaqueo, Javier Romero, indicó que los hechos no se probaron. Y destacó la necesidad de analizar el contexto de la emergencia y las dificultades para el transporte de la ayuda. “Todo el sistema administrativo colapsó”, dijo.

“El desmadre era absoluto en una situación catastrófica; eran hojitas de cuaderno, sin foliar con anotaciones manuscritas. Parecen anotaciones de truco”, agregó para justificar que la situación había superado las posibilidades de control administrativo.

Manifestó que la exministra “nunca buscó victimizarse” a pesar de los ataques en las redes sociales y que “no tenía el deber legal de custodiar” el alimento para perros. También subrayó que Germán Sahagún, director de la Casa del Chubut nunca dijo que era para distribuirlo en Comodoro.

A su turno Pablo Sánchez, defensor de Gómez, refiriéndose al ingreso y egreso de las donaciones, dijo que “era caótico el ingreso y salida de vehículos y varios testigos lo describieron”.  “No sólo no cometió el delito, sino que además en su función de chofer no tenía posibilidades de ejecutar el delito ya que no tenía poder administrativo sobre las bolsas”, dijo.

Su argumento central fue que la donación era sin cargo y era para asistir en toda la esfera y alcance del Ministerio, y que Gómez retiraba mercadería en calidad de chofer designado por el Ministerio.

Miguel Moyano, letrado de Suárez, cuestionó al fiscal Iturrioz por realizar “consideraciones políticas y apelaciones morales que nada tienen que ver con este debate, cuestiones en las cuales el Tribunal no podrá expedirse”. También remarcó que el contexto de la emergencia climática “excedía a lo que sucedía en Comodoro”.

“Legal y jurídicamente y desde el punto de vista ético, en una emergencia tan grave, asistir inmediatamente a los damnificados es más importante que la confección de un remito”.

Argumentó la arbitrariedad de la acusación respecto de su defendido ya que eel testigo Leonardo Landa, como funcionario público de otro organismo y bajo la orden de otro superior, también retiró alimento y no fue acusado.

Con información de Jornada / Agencia de Comunicación Judicial/Prensa Fiscalía Rawson.