Fiscalía de Estado avalará el juicio abreviado para Oca y Carpintero en la causa Revelación
El Estado provincial es querellante en la causa Revelación y según pudo saber ADNSUR, cuando sea notificado por la justicia del acuerdo del fiscal Marcos Napoli, daría su respaldo para percibir 70 millones de pesos.
RAWSON (ADNSUR) - El acuerdo cerrado por el fiscal Marcos Nápoli con los abogados de Gonzalo Carpintero y Pablo Oca, para aceptar su culpabilidad en la causa Revelación para no ir a juicio oral, generó una importante repercusión y rechazo de diversos sectores. Entre otros, se manifestaron los ex diputados del FPV, Meza Evans, Dufour y Marcilla, quienes pidieron que esto no sea avalado por el tribunal del juicio. Sin embargo, de acuerdo a fuentes consultadas por ADNSUR, una vez que este acuerdo sea notificado a otro de los querellantes, que es la Fiscalía de Estado, ya estaría tomada la definición de dar el visto bueno al juicio abreviado, que incluye una reparación económica para la provincia de parte de Carpintero, por unos 70 millones de pesos.
Como se recordará, días atrás tomó trascendencia el acuerdo que reconocieron a esta agencia tanto el fiscal Napoli como el abogado de Carpintero, Federico Ruffa.
En diálogo con ADNSUR la semana pasada, el fiscal Nápoli, había manifestado que “ya firmamos el acuerdo de manera extrajudicial" y aclaró que en el acuerdo, ambos imputados reconocieron ser autores penalmente responsables de los delitos que la Fiscalía ha investigado.
Asimismo, había explicado que “ellos se avienen a la aplicación de una pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una pena de 3 años de efectivo cumplimiento, y por parte de Carpintero, la devolución de bienes a favor del Estado por un valor aproximado de 70 millones de pesos con propiedades que fueron tasadas en dólares”, detalló Nápoli.
Carpintero reconoció, según indicó el fiscal, haberse enriquecido ilícitamente “que es un delito que establece una pena de 3 años”. Por su parte, Pablo Oca reconoce ser miembro o partícipe de la asociación ilícita “que nosotros investigamos y que operaba en el seno del Poder Ejecutivo. Se retrasaban los pagos de los certificados de obras hasta tanto los empresarios pagaran una coima”.
Más allá de que eso despertó una fuerte polémica, el dato de último momento entonces es que los abogados de Fiscalía de Estado coinciden con el fiscal Napoli, lo que seguramente puede tener peso en la decisión final del tribunal para homologar el acuerdo.