Al igual que el pasado lunes a su consorte de causa, Bárbara Judith Juárez, este viernes se efectuó la audiencia de control de detención para el coimputado M.G.S. en relación a cinco delitos contra la propiedad acontecidos estos últimos días en Km. 3 de Comodoro Rivadavia. Las representantes de fiscalía solicitaron se declare legal su detención, se les formalicen los cinco hechos en base al delito de “robo simple, robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada, tres hechos y robo agravado por ser cometido por arma impropia, todos en concurso real”, en calidad de “coautor” y se dicte su prisión preventiva.

La defensa no objetó la legalidad de la detención, ni el relato del hecho ni su calificación legal provisoria, pero se opuso al dictado de la preventiva, pidiendo la libertad de M.G.S. y subsidiariamente su detención, pero solo hasta la rueda de reconocimiento. Finalmente, el juez penal resolvió declarar legal su detención, formalizarle el hecho y dictó su prisión preventiva por tres meses.

Las representantes de fiscalía realizaron un relato sucinto de los cinco hechos a investigar acontecidos desde el pasado 22 al 23 de junio del presente año, los cuales todos fueron protagonizados presuntamente por la coimputada Juárez y por M:G.S.  Todos los hechos coinciden en su modus operandi. En diligencias de allanamiento se secuestraron teléfonos celulares un auto y otros elementos de interés para la investigación. Existen elementos de convicción suficientes para formalizar la presente causa, sostuvo la funcionaria de fiscalía, para tenerlo a M.G.S. como coautor de los hechos endilgados. Son hechos cometidos contra menores de edad en tres de los casos. Asimismo por la gravedad de los hechos, se aborda a los menores en la vía pública de manera sorpresiva, vulnerables en estado de desprotección. También por la escala penal, con un mínimo de cinco años de prisión, de cumplimiento efectivo y que el imputado tiene antecedentes penales computables. Peligro de entorpecimiento ya que su soltura puede entorpecer la futura rueda de reconocimiento de personas.

En contraposición la defensora se opuso a la prisión preventiva ya que a su entender “no se da el peligro de fuga en el caso, si bien la pena mínima es de cinco años”, siempre ha cumplido la pena y se ha sometido a proceso. Sabía que lo buscaban y sin embargo no intentó fugarse, argumentó la defensa. Solicitando su libertad y subsidiariamente su prisión preventiva hasta que se realice la audiencia de reconocimiento de personas.

La audiencia de control y apertura fue presidida por el juez penal Martín Cosmaro, el Ministerio Público fiscal representado por Andrea Rubio, fiscal general y Florencia Do Carmo, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa de M.G.S. fue ejercida por Lilian Borquez, defensora pública.

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