Hay más de 100 denuncias por estafas para "adelantar" la entrega de viviendas: ¿Podrían investigarlos por coima?
El fiscal Martín Cárcamo habló con ADNSUR sobre los avances en la investigación que se lleva adelante en Comodoro, para desentrañar un negocio millonario. La principal acusada es la hermana del diputado Gustavo Fita.
Hasta el momento ya son 100 las denuncias verificadas de damnificados que pagaron dinero para “adelantarse” en un listado de adjudicación de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La sospechas sobre el manejo de este negociado tienen como principal acusada a Vanesa Fita, quien sería la persona que se comunicó con todos los damnificados haciendo el arreglo.
Los damnificados pagaron sumas importantes de dinero para que los adelantaran en un listado, respecto de otras personas que llevaban años esperando. ¿Podría ser considerado una coima?, y yendo un poco más lejos: ¿Podrían ser investigados?
Al respecto, el fiscal Martín Cárcamo, quien lleva adelante la investigación, adelantó ADNSUR que justamente parte de la investigación está consistiendo en determinar quiénes de estos damnificados entendían que estaban en “curso de una maniobra reñida con lo moral”.
No obstante, señaló que hasta el momento, y a partir de la información suministrada por el IPV, “todas estas personas reunían el requisito de haberse inscripto" para poder acceder a una vivienda.
Y en este marco, explicó que “podría ser parte de una avivada o de alguna maniobra irregular el hecho de no reunir este requisito” y pagar dinero para poder acceder a una vivienda, sin embargo, los damnificados - hasta el momento - han comprobado los requisitos de haber estado inscriptos.
Por lo que "en principio los damnificados no cometían ninguna actividad irregular por el hecho de llegar por distintas vías a una comunidad, en este caso virtual, que ofrecía poder acceder a una vivienda gestionada ante el IPV”.
“Entiendo que no hay ninguna actividad irregular en esta tarea que han desplegado en su gran mayoría los damnificados”, reiteró al respecto.
GRUPOS DE WHATSAPP
Sobre los avances de la investigación, el fiscal señaló que si bien en un principio había unas “800” personas que referían haber sido estafadas, ese número disminuyó a 300, y actualmente “hay un poco más de 100 casos verificados”.
A continuación, el funcionario explicó que hay que esperar a culminar este proceso para ver si hay otro tipo de encuadre jurídico, pero en principio, la calificación legal es por estafas reiteradas.
Según se pudo establecer, los inscriptos tras pagar la suma que se les solicitaba para acceder a una casa del IPV, eran ingresados a un grupo de WhatsApp donde se informaban novedades. 'Pudimos relevar hasta 6 grupos de WhatsApp donde se mantenían informados a los damnificados para que eventualmente no se dieran cuenta de la maniobra defraudatoria'.