COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Este jueves se realizó la audiencia de control de detención y de apertura de investigación por un  caso de “privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con amenazas y violencia”, que tiene como imputado a Alberto Márquez. El delito ocurrió este miércoles 13 de diciembre, cuando la Policía halló al hombre apuntando con un arma a una trabajadora sexual atada de manos y pies que llevaba en el asiento trasero de su auto, tal como informó ADNSUR. La jueza declaró legal su detención y dictó la prohibición de acercamiento y contacto del imputado con la víctima.

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amenazó a la víctima, la bajó del vehículo tomándola de los cabellos y la introdujo en el asiento trasero El imputado le decía que se fuera a vivir con él. dio aviso a personal policial, que detuvo e identificó a Márquez.

La fiscal calificó provisoriamente el hecho como “privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con amenazas y violencia”, en calidad de autor para Márquez. Solicitó el plazo de ley, seis meses de investigación y que se declare legal su detención ya que la misma fue realizada en flagrancia.

Respecto de la medida de coerción, la fiscal requirió la prohibición de acercamiento y contacto del imputado con la víctima, en base a la gravedad del hecho y la pena en espera, encontrando para el caso peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Por su parte, la defensora no objetó el relato del hecho, ni la calificación legal, como tampoco la legalidad de la detención de su defendido. Negó la existencia del peligro de fuga ya que la pena en espera parte de dos años y puede ser dejada en suspenso. “También se podría llegar a una suspensión de juicio a prueba”, aseguró la defensa. Solicitó la libertad de Márquez.

Finalmente, la jueza penal resolvió declarar legal la detención de Márquez ya que la misma fue realizada en flagrancia, y decretó la apertura de la investigación del caso dando por anoticiado al imputado del hecho y la calificación legal que se le imputa, y por asegurada su defensa técnica. Dictó la prohibición de acercamiento y contacto del imputado con la víctima en base a la gravedad del hecho y los peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación. Todo esto con el fin de “proteger a la víctima” y por “la violencia desplegada”.

Presidió el acto Gladys Olavarría, jueza penal; por el Ministerio público fiscal se hicieron presentes María Laura Blanco, fiscal general y Natalia Gómez, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa del imputado estuvo ejercida por Vanesa Vera, adjunta de la Defensa Pública.

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