Homicidio de Federico Copponi: le dieron dos meses de prisión preventiva al presunto asesino
Miguel Sáenz de Sumarán es el único detenido por el crimen ocurrido el domingo 11 de junio en Esquel.
Este sábado, los fiscales María Bottini y Fidel González, y los funcionarios Cecilia Bagnato y Julián Forti, llevaron a cabo la audiencia de apertura de la investigación por el crimen de Federico Copponi en Esquel. El prinicipal sospechoso sigue siendo el único detenido: Miguel Saenz de Sumarán.
En un prinicipio se requirió la prisión preventiva por seis meses como plazo de investigación, sin embargo la defensa se opuso y el juez entendió que están dados los elementos para dictar la medida de prisión preventiva pero por 60 días (dos meses).
La audiencia se realizó con la presencia de familiares de la víctima y del imputado. La madre y las hermanas de Federico, adelantaron que se constituirán como querellantes en el proceso.
El fiscal González se refirió a la detención, requerida por escrito junto con una serie de medidas de investigación y dispuesta por el juez. Luego se leyeron las circunstancias del hecho y la calificación legal provisoria: homicidio doblemente agravado por empleo de arma de fuego y por alevosía.
Tras la intervención forense se informó que Federico habría recibido el disparo en la parte posterior de su cabeza cuando estaba dormido.
El imputado es una de las últimas personas que estuvo con él, previo a su muerte. De las pesquisas surge que tenía en su poder un arma de fuego del mismo calibre que fue lutilizada en el crimen. El arma homicida aun no fue hallada, tampoco el celular de la víctima.
En tanto, la fiscal Bottini fundó el pedido de prisión preventiva en los peligros de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Se analizó la conducta desplegada por el imputado, que habría dado datos falsos a los investigadores para desviar la investigación, su vinculación a un proceso por tenencia de drogas en otra provincia, la necesidad evitar todo contacto posible con los testigos y el arraigo insuficiente frente a la amenaza de pena de prisión perpetua que representa este hecho.
La defensa pública adelantó que, más adelante, el imputado podría contratar un abogado de su confianza, por lo que se le recomendó no prestar declaración al menos hasta que esta situación se defina. Se opuso a la prisión preventiva y requirió que se disponga alguna medida alternativa.
El juez José Luis Ennis entendió que hay indicios suficientes en esta etapa para realizar la apertura de la investigación y considerar que el imputado es con probabilidad autor del hecho.
Además aclaró que la medida de coerción es necesaria, que no puede reemplazarse por una medida menos gravosa, pero que por lo incipiente de la investigación, el plazo prudencial debe ser menor al solicitado, pudiendo ampliarse de ser necesario.
