Iban a detener a un comisario por extorsión pero se mató delante de los policías
Mauricio Dadín tenía 47 y llevaba 27 años en la policía. Estaba siendo investigado por extorsionar a un ciudadano peruano al que habían detenido en dos oportunidades. Había cobrado 800.000 pesos para liberarlo.
Mauricio Dadín , de 47 años, era jefe de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Berazategui y estaba siendo investigado por la extorsión que sufrió un ciudadano peruano al que tuvieron cautivo en una dependencia de la policía bonaerense hasta que su familia pagó 800.000 pesos.
Su detención había sido ordenada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, tras un pedido del fiscal Eduardo Taiano, sin embargo cuando la Policía Federal Argentina (PFA) y funcionarios de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad bonaerense irrumpieron ayer miércoles en su oficina con la orden de detención, el comisario Mauricio Dadín se mató delante de ellos.
"Los miró y les apuntó con su arma reglamentaria. Después se disparó. Murió en el acto", relató una fuente judicial sobre lo sucedido.
Los dos subalternos del comisario investigados por la extorsión habían sido detenidos el martes pasado y habían declarado, permitieron establecer que "el jefe de la UPPL de Berazategui no podía desconocer que la víctima estuvo secuestrada en la dependencia a su cargo”, explicó un detective del caso a La Nación.
LA DENUNCIA
La denuncia fue radicada en enero de 2021, cuando un ciudadano peruano, que vivía en el barrio porteño de Monserrat, declaró que había sido privado de la libertad en dos oportunidades por personas que se identificaban como policías e ingresaban a su domicilio con supuestas órdenes de allanamiento por infracción a la ley de drogas, para sustraerle distintos elementos.
La segunda vez, lo llevaron cautivo a una dependencia de la policía bonaerense situada en Berazategui. Los sospechosos se comunicaron con la familia de la víctima y le exigieron 800.000 pesos para liberarlo.
“La víctima quedó con tanto miedo que después de hacer la denuncia decidió volverse a Perú”, dijo a La Nación una fuente judicial.
“Si bien no hay dudas sobre la mecánica del hecho, se dispusieron medidas de prueba”, explicaron fuentes judiciales. Entre las medidas de prueba que se ordenaron, además de la autopsia, figura un peritaje balístico a cargo de la Gendarmería Nacional y el secuestro de las armas y del teléfono del personal policial que fue testigo de los hechos y los uniformados que estaban en las inmediaciones de la oficina de Dadín.
