RAWSON - El juez Sergio Piñeda autorizó ampliar la investigación del Caso Revelación e imputar por presunto pago de coimas y retornos a otros cinco empresarios de la construcción, tal como informó ayer jueves ADNSUR.

Se trata de Pablo Menedín, Fernando Cordón Ferrando, Martín Castillo, Osvaldo Bergareche y Carlos Di Benedetto, presentes en la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Rawson. La acusación la leyó el fiscal de la Unidad Anticorrupción, Marcos Nápoli. El grupo será investigado hasta el 22 de marzo de 2019, fecha límite para elevar la acusación.

Según informó la Fiscalía, el Estado llegó a deber certificados de obra por 194 millones de pesos y los empresarios debieron pagar más de 2.600.000 pesos en efectivo para destrabar el flujo.

El interlocutor siempre fue el extitular de la Unidad Gobernador, Diego Correa. Cuando cobraba, le ordenaba al ex ministro de Infraestructura, Alejandro Pagani, o al extitular del Instituto Provincial de la Vivienda, Martín Bortagaray, que liberaran las órdenes de pago, y al exministro de Economía, Pablo Oca, que liberara el dinero por las obras ejecutadas o en ejecución.

Según los fiscales, Bergareche, titular de Esquel Construcciones, le abonó 264.600 a Correa en junio de 2017; en agosto, $ 24.680 y en octubre, $ 255.700. A cambio cobró certificados por al menos $ 25.136.105,08 por las obras del barrio 8 Viviendas de El Maitén, 12 Viviendas de ATECh en la Comarca y la ampliación y refacción de las escuelas 717 de Cerro Radal y 57 de Trevelin.

En el caso de Di Benedetto, como dueño de Didelco SRL, le imputan que en marzo de 2017 le entregó a Correa $ 47.600 y en octubre, otros $ 24.640. Por este presunto soborno, logró destrabar certificados por $ 12.298.991,65 por las obras del Archivo para la Memoria y la ampliación y refacción de la Escuela 471 de Trelew.

En el caso de Gonzalo Cordón Ferrando, como titular de Transredes SRL, la Unidad Anticorrupción le imputa que en diciembre de 2016 le entregó a Correa $ 88.650, y en marzo, abril, mayo, junio y agosto de 2017, coimas por $ 243.567; $ 134.280; $ 65.057,37; $ 255.285 y $ 90.900.

Por medio de estas dádivas, Transredes embolsó certificados de obra por $ 38.826.312,33. Las obras eran la ampliación de la Escuela 406, el barrio 9 de Julio; la construcción de la Escuela de Nivel Inicial del Cordón Forestal; la construcción de la Escuela 447 del barrio Máximo Abásolo y la ampliación y refacción de la Escuela 147, todo en Comodoro Rivadavia.

Pablo Menedín es titular de Menedín Ingeniería y Construcciones SRL. Lo acusan de pagarle en mano a Correa $ 40 mil y $ 57.475 en marzo de 2017. A cambio destrabó cobros de certificados por $ 12.203.210,83, por las obras de mejoras del barrio Presidente Perón y la ampliación del comedor de la Escuela 222 de Puerto Madryn.

Por último, a Martín Castillo, de Industrias Bass, lo investigarán por el pago de tres coimas a Correa por $ 300 mil, $ 100 mil y $ 200 mil en marzo, abril y diciembre de 2017. Logró destrabar el pago de certificados de obra por $ 76.563.592,59 por refacciones en el muelle Murray Thomas de Puerto Rawson.

A la apertura sólo se opusieron Abdo Manyauik, defensor de Castillo, y Oscar Romero, abogado de Menedín. El primero dijo que el empresario intimó a Oca por 28 millones de pesos y que era “ilógico” pagar coimas y luego intimar. El fiscal Nápoli le contestó que en el caso hay “promesas” de pago sin cumplir y que si hay evidencia a favor de Castillo, se tendrá en cuenta. Romero acusó al MPF de montar un “cuentito infantil de mal gusto”. Nápoli advirtió que “acá lo infantil fue pagar coimas con cheques, y eso tuvo un impacto directo en la salud, la educación y la seguridad”.

Un sexto empresario de Comodoro no pudo ser imputado ya que no fue notificado. Es Juan Carlos Bossi, de Auda Construcciones SRL. Será acusado de pago de dos coimas a Correa: $ 270 mil en marzo de 2017 y $ 154 mil en abril. Gracias a este mecanismo logró cobrar certificados por $ 43.240.995,62, por la obra de las 48 Viviendas de Comodoro, del plan Techo Digno.

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