Imputaron a Vanesa Fita por estafa a 594 familias: recaudó 59.000.000 de pesos con falsas promesas de una vivienda

El fiscal Martín Cárcamo confirmó a ADNSUR el resultado de la audiencia de apertura de investigación formal para 5 mujeres imputadas por el delito de estafa, por lo que se otorgó el plazo de 6 meses de la denominada etapa penal preparatoria, para presentar las pruebas y llevar el caso a juicio oral y público.  

“Al cabo de ese plazo, el Ministerio Público Fiscal tendrá que formular la acusación pública para elevar a juicio, o requerir el sobreseimiento de los imputados”, explicó el acusador, quien detalló que las imputadas son Vanesa Fita, Lucía Miranda, Gisel Mansilla, María Curán y Camila Páez están imputadas por el delito de estafa por calidad simulada, en 594 hechos en concurso real, de conformidad con lo que prevé el 172, el 45 y el 55 Del Código Penal.

En la averiguación preliminar desarrollada durante el año pasado, se reunió la evidencia suficiente para formalizar la imputación, por lo que en la audiencia de hoy se atravesó ese primer filtro, para avanzar en el proceso, según precisó el fiscal.

FALSAS PROMESAS POR UNA VIVIENDA A CAMBIO DE DINERO

Los hechos investigados atribuyen a Vanesa Fita haber generado una convocatoria, para conformar una cooperativa con el objetivo de avanzar en la construcción de un plan de viviendas por parte del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), a cambio de lo cual exigía una suma de dinero. 

“Exigían la entrega de 100.000 pesos para la conformación de la cooperativa, que era una mera simulación, mintiendo sobre la influencia de funcionarios públicos municipales y provinciales que eventualmente respaldarían esta maniobra inicial que desplegó Vanesa Fita”, describió el fiscal.

En ese ardid, dijo que la mujer mencionaba no sólo a su hermano, el actual diputado provincial Gustavo Fita, sino a otros funcionarios del ámbito provincial, pero en los hechos no contaba con los recursos materiales ni autorizaciones legales para ofrecer un plan de viviendas, lo que configura la maniobra defraudatoria, provocando el engaño y el perjuicio patrimonial a las víctimas.

CASI 60 MILLONES DE PESOS Y UNA PENA MÁXIMA QUE PODRÍA LLEGAR A LOS 50 AÑOS DE PRISIÓN SI SE DEMUESTRAN LOS HECHOS EN JUICIO

Al tratarse de 594 víctimas estafas, por un monto de 100.000 pesos cada una, el monto total de la maniobra asciende a 59,4 millones de pesos, al haber conformado el grupo de la supuesta “cooperativa” con personas que previamente debían abonar la suma exigida, para ser incluidos en el listado de supuestos “adjudicatarios” de la vivienda.

Con relación a las penas previstas por el Código Penal para este tipo de delitos, Cárcamo detalló que el mínimo es de 1 año de prisión, mientras que el máximo es de 6 años por cada hecho, pero la ley impone un tope de 50 años, ya que de lo contario debería multiplicarse la cantidad de hechos (594) por el monto de pena. 

Esa expectativa de pena es sólo una mención teórica, para el caso de que las imputadas lleguen a juicio y sean halladas penalmente responsables por el delito que se les reprocha, pero el proceso todavía tendrá un largo camino por recorrer.

También cabe la posibilidad de soluciones alternativas que contempla el sistema penal, como la suspensión de juicio a prueba, pero Cárcamo anticipó su postura contraria a aceptar ese tipo de mecanismo, por las características del caso. 

“Esto, llegado el caso, lo pueden plantear los imputados y en ese momento se analizará la situación, pero en mi opinión no están dadas las condiciones objetivas para que la fiscalía brinde el consentimiento a esa alternativa -anticipó-. Primero, porque en caso de que se determine la responsabilidad penal, la pena mínima va a superar largamente los 3 años de prisión, pero además por la cantidad y la trascendencia de los hechos, en la que se vulnera la ilusión o la expectativa de un grupo importante de vecinos que aspiraban a acceder a una vivienda familiar”.