Imputaron al titular del gremio petrolero neuquino por administración fraudulenta

NEUQUÉN - El secretario general del sindicato de Petróleo y Gas Privado - y actual senador por el Movimiento Popular Neuquino- Guillermo Pereyra fue acusado junto a otros cinco integrantes de la comisión directiva de ese gremio por el presunto delito de administración fraudulenta. Una investigación periodística del diario Río Negro aportó los datos para que la Justicia comience a armar la causa.

Los fiscales Pablo Vignaroli y Marcelo Silva comenzaron una investigación de oficio a fines del 2017, tras una publicación de ese diario sobre una maniobra financiera que triangulaba fondos del sindicato hacia los ahora imputados: el titular del gremio Guillermo Pereyra, Antonio Riardo Astrada (Secretario adjunto del sindicato), Carlos Omar Lorenzo (Tesorero), Osvaldo Marín (Secretario administrativo), Jorge Omar Allende (Auditor externo), y Víctor Adrián Pelletieri (Asesor contable).

A raiz de esto, la sede del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa en la capital provincial fue allanada en diciembre del año pasado, como también las oficinas de la empresa involucrada que están en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según reseña diario Río Negro, los hechos ocurrieron entre 2016 y 2017, y la triangulación de fondos se orquestó de la siguiente manera: la firma ICYT S.A le facturó al sindicato mensualmente en concepto de servicios de gestión, lobby institucional, apoyo técnico y consultoría integral. Luego, los imputados, le facturaban a la firma en concepto de honorarios. En el lapso mencionado, el perjuicio fue de 19.279.654 pesos.

Esta mecánica se repetía en forma mensual. En la mayoría de los casos coincidía la IP (número identificatorio de una computadora) desde la cual se emitía la factura de la consultora y la que presentaban de los directivos del sindicato; es decir: desde una misma computadora el sindicato le pagaba a la empresa, y los imputados le facturaban a esa misma empresa. También se constató un incremento del 50 por ciento de la facturación en los meses de julio y diciembre, reflejándose el pago de un aguinaldo encubierto.

“Cabe acotar que los cargos que ocupaban al momento de los hechos los imputados, les daban –de acuerdo al estatuto del sindicato- la administración de los fondos del mismo y fue violando dicho estatuto es que llevaron adelante las maniobras que se enrostran”, planteó el Ministerio Público Fiscal, e indicaron que “el documento que habilita el desarrollo de la maniobra fue firmado en el año 2002 y tuvo como objeto el cambio en la modalidad de pago de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Directiva del Sindicato. El mismo fue motivado producto de la modificación del art. 20 de la ley de impuesto a las ganancias, la cual dispuso un tope a las remuneraciones de los miembros de las comisiones directivas en entidades sin fines de lucro. El incumplimiento de dicha normativa traía aparejada la pérdida de la exención en el tributo”.

Así, “la discusión respecto de la correspondencia en la aplicación del tope de marras fue objeto de una controversia judicial con AFIP que finalizó el 15/07/2014. El Sindicato tuvo éxito en su planteo, es decir, logró que dicho tope no limite las remuneraciones de los directivos de la entidad. Sin perjuicio de que a partir de Julio de 2014 el cambio de modalidad en el pago de los salarios dejó de tener sentido, se continuó con las facturaciones y la triangulación de fondos. Este evento no resulta azaroso. En efecto, la utilización de un contrato de locación de servicios para abonar remuneraciones a los directivos, permite evitar el contralor de la Comisión Directiva. Consecuentemente, se pueden incrementar de manera discrecional las remuneraciones sin que dicha información pueda trascender a terceros. De ese modo, la empresa ICYT SA opera como pantalla para ocultar el verdadero destino de los fondos”.

Durante la audiencia de este viernes, los fiscales solicitaron que el caso sea declarado complejo, para de este modo poder extender los tiempos de la investigación de cuatro meses a un año. El fiscal jefe Vignaroli fundamentó la solicitud en la cantidad de imputados que hay, la complejidad de los hechos bajo investigación y el volumen de documentación digital y en papel que debe ser procesada.

Fuente: Río Negro