Indagarán a Ayape por la adulteración de actas en la Universidad

TRELEW - La fiscal federal subrogante de Rawson, Romina Patiño, le pidió formalmente al juez Hugo Sastre que llame a indagatoria al docente Pablo Pugh, al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Augusto Ferrari, y al rector de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, Alberto Ayape, para que den explicaciones por el escándalo de la adulteración de libros de actas en esa casa de altos estudios. Ahora decidirá el magistrado.

El caso estalló en mayo de 2015, cuando se supo de la presunta adulteración de libros de actas de la Sede Trelew de Ciencias Jurídicas. Dos empleadas administrativas habrían advertido que el secretario de Investigación y Posgrados, Pugh, habría intervenido con su firma y sello actas de los libros consignando siete materias aprobadas por un alumno.

Cuando el decano lo supo, según las denunciantes Pugh habría vuelto a intervenir los libros, para anular la intervención anterior. Las empleadas se lo informaron a los docentes cuyas firmas habrían sido falsificadas. A partir de ese momento, Pugh habría retirado los libros de la Facultad. Poco después, trascendió por las redes sociales que Pugh habría hecho sacar fotocopias autenticadas de las actas y se dijo que no presentaban alteraciones.

Pero, en la reunión del Consejo Superior en Comodoro Rivadavia, al exhibirse los libros se verificó que se habían quitado hojas de los libros y reemplazado con otras similares a las originales, con firmas apócrifas.

Algunos docentes pidieron la intervención al Consejo Superior de la Universidad. Aunque en esa reunión del Consejo hubo evidencias de que la adulteración había existido, la Facultad no fue intervenida y el decano Ferrari siguió en su puesto. Luego se acusaría a Ayape.

La semana pasada, un grupo de profesores de Abogacía le pidió al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad que a su vez le solicite al Consejo Superior “la necesidad de concluir el sumario que iniciara, y dar noticia a la comunidad académica y a la sociedad de su resultado y de las medidas que disponga”. También que se informe sobre los nuevos hechos al Rectorado y se inicie un sumario también por ellos.

La exhortación está contenida en un texto titulado “La paja y el trigo”. Según escribieron, la causa en el Juzgado Federal de Rawson “se ha venido desarrollando con extrema lentitud, a punto tal que, cumplido un año, todavía no se ha formalizado una audiencia de imputación a quienes pudieran resultar autores de la supresión y sustitución documental”.

“Esta situación se mantiene pese a que los docentes convocados a cotejar las rúbricas atribuidas en las páginas presuntamente reemplazadas confirmaron la falsificación; y que, según trascendidos, las pericias cumplidas habrían llegado a la misma conclusión que lo que la simple observación mostraba: las hojas que las denunciantes decían haber sido intervenidas habían sido burdamente reemplazadas”.

Según los profesionales, “esta indefinición hace posible que el mismo Decano siga conduciendo la Facultad; y que el docente Pablo Pugh se haya presentado a dictar clase en la cátedra Derecho Romano, de la que es responsable su abogado defensor y amigo (por Oscar Romero)”.

“Esta actitud que no puede dejar de leerse como una provocación, nos ha vuelto a poner en el espacio público como un modelo de corrupción; y, esto es lo peor, nos recuerda nuestra incapacidad para tomar el toro por las astas, y concluir en un tiempo razonable la investigación y juicio, en el espacio judicial como académico”.

“Por nuestros alumnos, por la comunidad académica, por la sociedad a la que pertenecemos y, no en último lugar, por las personas involucradas que tienen derecho a un rápido esclarecimiento de los hechos, es imprescindible que este estado de incertidumbre finalice lo antes posible”.

“Parece justificarse aquello de que en casa de herrero cuchillo de palo. -concluyen- Si así nos demoramos para resolver nuestros problemas, en un caso que no ofrece mayor complejidad, qué puede esperar el público de nuestros servicios jurídicos”. Fuente: Jornada