Este lunes, en horas cercanas al mediodía, algunos miembros de la Lof Quemquemtreu cortaron la ruta 40 en el trayecto que une El Bolsón con Bariloche a la altura de Los Repollos y cientos de turistas se vieron afectados formando una larga hilera de autos. 

Por otra parte, durante el primer día del comienzo de esta semana, el Ministerio Público Fiscal de Río Negro formuló cargos contra dos mujeres, habitantes de las localidades de Lago Puelo y El Hoyo, por el ataque vandálico a la oficina de Turismo de El Bolsón ocurrido el 30 de diciembre pasado.

Demora de autos en Ruta 40. Foto: La Gaceta Truncadense.

Mientras se trabaja en la individualización del resto de las personas que ingresaron al local ese día, la fiscalía acusó formalmente a las dos mujeres de los delitos de turbación de la posesión y daño agravado, porque en el interior y exterior de la oficina de Turismo se constataron roturas de cuadros y vidrios; demás de cámaras de seguridad, computadoras y monitores pintados con aerosol y golpeados con elementos contundentes.

El día del ataque, cerca del mediodía, un grupo de personas se manifestaba frente a la fiscalía a la espera de la decisión del juez Gregor Joos, quien finalmente ratificó la orden de desalojo de la comunidad mapuche Quemquemtreu, que ocupa un predio en Cuesta del Ternero desde el 18 de septiembre.

Entre 25 y 30 personas decidieron entonces irrumpir en la oficina de Turismo local, en las calles Mario Guasco y Perito Moreno. “Algunas ingresaron a las oficinas con banderas mapuches y gritando con un megáfono en contra de la orden de desalojo del predio de Cuesta del Ternero que minutos antes había sido confirmada en audiencia judicial”, indicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.

Cabe mencionar que la defensora oficial de las imputadas, Blanca Alderete, se opuso a la formulación de cargos. Alegó que no surge ni de los testimonios ni de los videos la autoría de los daños por parte de las mujeres.

Aún así, el juez de Garantías Víctor Gangarrossa tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses. El juez entendió que las evidencias que resta conseguir serán materia de la investigación tanto fiscal como defensista, para corroborar su teoría del caso.

A su vez y en relación con las medidas cautelares, la fiscal jefa Betiana Cendón aludió al temor manifestado por las empleadas de Turismo que fueron atendidas por las profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima y que ya habían solicitado custodia policial permanente en el lugar.

Según informó La Nación, Cendón requirió que se les prohibiera a las dos imputadas acercarse tanto a la oficina como a los empleados de Turismo, especialmente a las cuatro empleadas mujeres que manifestaron su temor ante los hechos vividos. El juez dispuso que se tome esa medida por el mismo término de la investigación.

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