Investigarán a una fiscal por cambiar la carátula en un caso de violación

RAWSON (ADNSUR) - Por unanimidad, el Consejo de la Magistratura decidió investigar a la fiscal Graciela Antonia Suárez García por su trabajo en un caso de abuso sexual infantil. El instructor será el consejero Julio Aristarain y si halla irregularidades, Suárez García enfrentará un jury de enjuiciamiento. Sería el segundo proceso ya que el 7 de noviembre se le iniciará un juicio similar por su presunto mal desempeño en un episodio de trata de personas. Horacio Crea, Oscar Massari, Rafael Lucchelli, Eduardo Pinsker y Mario Glades integraron la comisión que declaró la admisibilidad de la acusación.

A la fiscal de Rawson se la acusa de cambiar intencionalmente la carátula de un expediente para que el acusado de violar a su hijastra de 8 años se beneficie con la suspensión de juicio a prueba. La pequeña era hija de la expareja del sujeto, que entonces tenía 50 años. Los tres convivían. El delito duró 5 años pero el hombre, favorecido por la decisión de la fiscal, fue sancionado con 50 horas de trabajo comunitario y una prohibición de acercamiento a ambas, informó diario Jornada.

En febrero de 2016, la fiscal acusó a N.R.G. por abuso sexual doblemente agravado por acceso carnal y convivencia preexistente. Pidió 10 años de prisión. Como pruebas figuraban la denuncia de la madre, un manuscrito de la víctima, una pericia ginecológica, un informe psicológico de la nena, un informe del Servicio de Asistencia a la Víctima que revelaba abuso y su testimonio en Cámara Gessel.

El caso se elevó a juicio con esta calificación. Pero el defensor del imputado, Omar López, pidió una audiencia para un cambio de calificación y la suspensión de juicio a prueba.

La audiencia se hizo el 21 de marzo. Allí Suárez García “pidió disculpas por haber acusado de un delito tan grave como lo era el acceso carnal a la menor”. Y se justificó diciendo que imputó así “consecuencia del cúmulo de tareas en que estaba inmersa, no habiendo controlado de manera correcta dicha acusación fiscal”.

Según dijo, “es de larga data la acusación y se fijó audiencia allá por mayo del año pasado para el debate, lo que llevó a que yo, inmersa en las tareas cotidianas, no chequeara correctamente la acusación”.

Y argumentó un acuerdo con el imputado y con la madre de la nena para modificar la calificación a abuso sexual simple agravado por la convivencia, una figura más benigna. Esto liberó del juicio al imputado.

El fiscal general de Trelew, Omar Rodríguez, denunció a Suárez García por ignorar una Instrucción del procurador general Jorge Miquelarena, que había ordenado que en los casos de abuso no se acepten soluciones alternativas.

Suárez García “no tiene en cuenta” esta orden de su superior. Según Rodríguez, usando las mismas pruebas que antes sostenían un abuso con acceso carnal agravado, la fiscal cambió a una calificación más leve y con una pena mínima de 3 años, lo cual permitió suspender el juicio.

No hubo hecho nuevo que justificara el giro de la fiscal. “Por el contrario, con los mismos elementos, la fiscal fragmentó el análisis de la prueba”. Según la denuncia, tomó sólo parte del testimonio de la menor “de manera sesgada y tendenciosa, circunscribiéndose al aspecto doloroso y omitiendo el resto de lo relatado por la víctima, con lo que pierde credibilidad”.

En la audiencia Suárez García alivió la situación del imputado leyendo de corrido las conclusiones de la perito. “Dio una idea distinta a la consignada por la experta, que nunca descartó el abuso”.

La fiscal, dando apariencia de fundado a su dictamen, emitió opinión favorable a otorgar la suspensión fragmentando su testimonio, sin mencionar el psicodiagnóstico de la menor, que concluía que era creíble y presentaba indicadores de abuso”. También “fue tendenciosa” con las conclusiones de la pericia ginecológica. “En la audiencia cambió el relato de los hechos adaptándolos en su lectura a un hecho menos gravoso”.

La fiscal afirmó haberse entrevistado con la madre, quien le habría reconocido que no había acceso carnal. La mujer lo negó. De acuerdo a la denuncia, si la fiscal hubiese profundizado en el caso, la calificación hubiese cambiado a abuso sexual gravemente ultrajante. Y si esto sucedía, no era posible suspender el juicio.

“La fiscal, bajo apariencia de legalidad, consintió la aplicación del instituto escondiendo el verdadero y único propósito que tenía en su mente que era hacer cesar la persecución y represión de la acción respecto del imputado”, reza la presentación.

El Consejo concluyó que de esta historia surge un posible mal desempeño. La excusa de la fiscal para alterar el delito original, que tiene una pena de 8 a 20 años, “muestra una marcada incuria en el ejercicio de su función”.

En tanto, la resolución judicial que benefició al sujeto con 50 horas comunitarias fue impugnada ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia por “arbitraria e ilegal”. Esta mañana habrá audiencia en la sede del STJ en Rawson por el tema.

DENUNCIA PENAL

Por el mismo caso, los fiscales Daniel Báez, Jorge Bugueño, María Cárcamo y Alex Williams ya pidieron una audiencia de apertura de investigación para acusar a Suárez García por “omisión de la promoción de la persecución penal en concurso ideal con abuso de autoridad.

Los investigadores de Puerto Madryn indicaron que Suárez García “bajo un ropaje de un dictamen fundado, navegó en la audiencia sin control alguno, emitiendo opinión a favor del otorgamiento de la suspensión del juicio (…) Con ese fin fragmentó prueba, cambió el relato de los hechos e incluso omitió de manera dolosa considerar las distintas conductas del imputado mientras duró el abuso”.