Irá a juicio el último asesino de la masacre de Trelew: Continúa libre desde agosto de 1972

Roberto Guillermo Bravo está acusado de usar de forma salvaje su ametralladora PAM contra algunos de los 16 presos políticos masacrados en Trelew en agosto de 1972.

La tarde en que agentes del FBI golpearon la puerta de su mansión en Miami, en 2019, el ex teniente de la Armada escondido en el país del norte se reconvirtió en un millonario fantasmal.

A las 3.30 de aquel 22 de agosto de hace casi 50 años, Bravo entró a la celda 10 de la Base Naval Almirante Zar de Trelew donde estaban dos de los 19 detenidos militantes de FAR, ERP y Montoneros que una semana antes habían intentado tomar un avión tras fugarse del Penal de Rawson.

Unos minutos antes, él junto al jefe de la Infantería de Marina, capitán Luis Sosa, habían despertado a los gritos a los guerrilleros. Los hicieron salir y formar en el pasillo fuera de los calabozos y un cabo, sin mediar la orden gatilló e inició lo que el historiador Marcelo Larraquy llamó en Infobae una “orgía sangrienta”.

Algunos presos murieron en el instante y otros, heridos, se escondieron en sus celdas. Bravo entró a la número 10, donde estaban Alberto Camps y Mario Delfino, entonces, y obligó a dos detenidos baleados que estaban allí, entregados al final, que pusieran sus manos en la nuca. A uno el marino le preguntó si iba a declarar. Apenas escuchó como respuesta un “no” le disparó. No solo a él. También a su compañero. Y los dejó ahí, tirados, agujereados, desangrándose a la espera de la muerte.

Roberto Guillermo Bravo supo cómo escurrirse de la Justicia. La astucia y los contactos que le garantizaron la impunidad le duraron medio siglo. A pesar de los pedidos desde Argentina para extraditarlo, el proceso aún no fue resuelto. Pero algo empezará a cambiar este mes. Desde el 28 de febrero, el último fusilador libre de la Masacre de Trelew será sometido al juicio civil de un jurado por su presunta responsabilidad en los crímenes ante una corte federal para el distrito sur del estado de Florida.

El ex marino, de 80 años, vive en Estados Unidos desde 1973. El primer pedido de extradición de Argentina fue rechazado por la Justicia de aquel país en 2010. Familiares de cuatro de las diecinueve víctimas demandaron a Bravo por su papel en el fusilamiento basados en la ley de protección de víctimas de tortura (TVPA, por sus siglas en inglés) que busca la rendición de cuentas y reparación y este juicio es la concreción de una de las tantas estrategias que desarrollaron las víctimas desde 1972 para obtener verdad y justicia por estos delitos.

Raquel Camps, Eduardo Cappello, Alicia Krueger (Bonet) y Marcela Santucho son los familiares de cuatro de las víctimas de la Masacre de Trelew que en los años posteriores, junto a sus familias, buscaron respuestas y castigos por las ejecuciones extrajudiciales, los intentos de ejecución extrajudicial y la tortura de sus seres queridos, en las que estuvo, según testigos y sobrevivientes, el ex teniente Bravo.

Después de la Masacre de Trelew, los militares intentaron encubrir los hechos y persiguieron a quienes reclamaban justicia por los delitos ocurridos esa madrugada. Tiempo después, los tres sobrevivientes del fusilamiento fueron asesinados o desaparecidos y algunos de sus familiares sufrieron amenazas por escuadrones de la muerte. Eso hizo que varios, incluidos dos de los denunciantes de Bravo, huyeran de la Argentina.

“Mi padre sobrevivió a la Masacre de Trelew y quiso dedicar su vida a exponer la verdad de lo sucedido, pero fue asesinado antes de que pudiera hacer justicia”, dijo Raquel Camps en octubre de 2020, cuando se presentó la denuncia en Florida, Estados Unidos. “Espero que el sistema de justicia de los Estados Unidos pueda ayudarnos a lograr su objetivo, hacer justicia y, finalmente, cerrar este capítulo doloroso de la historia argentina y poner fin a los 50 años de impunidad de Bravo”, agregó la mujer.

“Bravo conspiró y actuó de manera concertada con uno o más integrantes de las fuerzas militares argentinas de acuerdo con un plan, diseño y esquema común para torturar a los prisioneros políticos detenidos en la base Almirante Zar y para llevar a cabo la masacre de Trelew, como resultado de la cual Rubén Bonet, Eduardo Capello I, Alberto Camps y Ana María Villarreal de Santucho fueron sometidos a las violaciones aquí descritas”, dice la demanda, presentada por el Centro por la Justicia y Rendición de Cuentas (CJA por sus siglas en inglés), los estudios de abogados Keker, Van Nest & Peters y Markus / Moss PLLP, en colaboración con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

El testimonio que los tres sobrevivientes de la masacre, María Antonia Berger, Alberto Camps y René Haidar, le dieron a Francisco “Paco” Urondo en una entrevista en la cárcel de Villa Devoto el 24 de mayo de 1973 para su libro “La Patria fusilada”, las atrocidades de Bravo en sus guardias en las celdas quedaron documentadas.

“Se las ingeniaba para estar siempre de noche. La mayor parte de las guardias las cumplía él con su equipo, diurnas y nocturnas. Diría que dormía un turno, seis horas, y después estaba todo el día”, relató Camps.

Bravo inventaba argumentos para sancionarlos. “La sanción, por llamarla así, era hacernos desnudar y hacer cuerpo a tierra de boca hacia abajo o de espaldas en el suelo, o pararnos lejos de la pared y hacernos apoyar con la punta de los dedos en la pared: eso en un tiempo prolongado entumece los dedos”, agregó Camps.

También que “recorría las celdas y apenas encontraba a alguno que estuviera cabeceando, lo pateaba, o nos hacía estar parados” con el fin de evitar que durmieran, otra forma de tortura. Consta en el libro que los colimbas les reconocían a los presos que Bravo era “un hijo de puta”.

Una mañana llevó una corneta para enseñar qué era la diana: “Ustedes tienen que conocer esto. Desde ahora se les va a despertar así y se les va a dar el silencio de esta manera”. A Mariano Pujadas, uno de los 19 guerrilleros detenido, le hacía barrer el piso desnudo. “¿Hace frío?”, lo verdugueaba entre risas. Clarisa Lea Place rechazó un día ponerse cuerpo a tierra. Bravo sacó la pistola, la amartilló y se la apoyó en la cabeza. “Vas a morir, hija de puta”, la amenazó. Cumpliría con su palabra.

La madrugada de la masacre Bravo era jefe de turno de la guardia y despertó a los presos a las 3.30. “Ya van a ver lo que es meterse con la Marina. Van a ver lo que es el terror antiguerrillero”, les gritó. “Era un poco la ‘teoría’, entre comillas, que manejaba Bravo. ‘Al terror se lo combate con el terror.’ Él aseguraba que nosotros éramos terroristas”, le dijo Berger a Urondo.

Los hicieron salir de los calabozos, armarse en dos filas y mirar al piso. La primera ráfaga de ametralladora la lanzó el cabo Carlos Marandino e dio en la hilera de la derecha. Algunos murieron en el acto, otros quedaron tendidos, heridos, y otros se refugiaron en sus celdas. Sosa y Bravo recorrieron los calabozos para dar los tiros de gracia.

Camps relató que junto con Delfino se tiraron cuerpo a tierra en sus celdas y todavía estaban ilesos. En eso “llega Bravo y nos hace parar, con las manos en la nuca, en la mitad de la celda. Estaba parado, más o menos a un metro de distancia. Nos pregunta si vamos a contestar el interrogatorio, le decimos que no, y ahí me tira, a mí primero, y cuando estoy cayendo escucho otro tiro y veo que cae Mario”.

Berger también recordó que le disparó Bravo, que estaba de azul. Minutos después de la “orgía sangrienta”, mientras sacaban los cadáveres, “viene dos veces más Bravo a la puerta, con un jadeo totalmente nervioso, y muy preocupado porque no me moría. ‘¡Pero esta hija de puta no se muere! ¡Cuánto tarda en desangrarse!’. Yo juntaba sangre en la boca y la escupía para hacer parecer que me estaba desangrando, pese a que ya se me había parado mucho la hemorragia”.

Fue ella la que escuchó, minutos después, que inventaban la versión que luego difundiría la Armada y el presidente Alejandro Lanusse sobre la teoría de que los mataron porque Pujadas intentó quitarle el arma al capitán Sosa. Esa versión la mantuvo el propio Sosa durante el juicio que terminaría en su condena en 2012 y que no escuchó porque murió en el proceso. En esa declaración, en la que el capitán sostuvo la mentira del ataque de uno de los presos, identificó a Bravo como uno de los que fusiló a los militantes.

Las atrocidades ocurridas a principios de la década de 1970 en la Argentina, incluida esta masacre, marcaron el camino para el terrorismo de Estado de un nuevo régimen militar, el de 1976, en contra de sus propios ciudadanos.

A los pocos días del fusilamiento Bravo abandonó Trelew y fue consignado en otro lugar. Según Sosa, el ex teniente estuvo escondido en Puerto Belgrano un tiempo. Su paradero fue un secreto. Aunque en 1974 su abogado dijo que estaba en Washington, se desconoce hasta hoy si durante la dictadura 1976-1983 prestó algún servicio en algún centro clandestino de detención de Argentina o siguió en Estados Unidos.

Bravo, nacido en Bahía Blanca, estuvo borrado del mapa durante años. Llegó a Estados Unidos como agregado militar de la Embajada argentina en Washington, a los pocos meses del episodio sangriento de la Patagonia. Y se mantuvo a salvo de la Justicia hasta casi el final de la primera década de los 2000, cuando se reabrieron los archivos y se inició la investigación de los responsables de la masacre.

En el año 2008 el diario Página 12 reveló que Bravo vivía en Florida y que gracias al éxito de su empresa, RGB Group inc. se había hecho millonario. Ese mismo año, el juez federal Hugo Sastre, que investigó el fusilamiento, pidió su captura internacional.

El por entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, informó que Bravo había hecho cursos en Estados Unidos de paracaidismo y reconocimiento anfibio, “todas preparaciones que concluyen recién en 1981, lo que hace pensar que fue preparado para actividades en Centroamérica”.

Bravo fundó su compañía, con sede en Miami, el 22 de junio de 1990. Dedicada a la contratación de personal médico y paramédico en el exterior, sobre todo en Centroamérica, sus principales clientes eran las fuerzas armadas. Los contactos que “El Ñato” hizo en su años dentro de la Agregaduría Naval en Washington, y probablemente después, fueron clave para su desarrollo.

El 24 de marzo de 1980 recibió su estado de “residencia permanente” en Estados Unidos y el 1° de septiembre de 1987 se convirtió formalmente en ciudadano de ese país. En esa década empezó a acumular sus millones. En 1982, Bravo, su esposa y sus hijos se mudaron a Miami, desde donde el ex teniente operó con RGB Group Inc.; y también figuró como presidente y CEO de RLM Services; One Fountainhead Center y Stafford Bookbinding; y gerente de Miami Alliance. Con RGB proveyó de servicios médicos para el Pentágono, tal como contaron en este medio Eduardo Anguita y Daniel Cecchini.

Con el primer pedido de extradición de 2010 hecho por la Justicia argentina, Bravo fue detenido en Estados Unidos, pero el proceso de vuelta al país fue rechazado por un juez norteamericano y el ex marino recuperó la libertad. A nivel empresarial quedó tocado y sus empresas perdieron apoyo porque la información sobre su responsabilidad en Trelew fue difundida por los medios de aquel país.

En octubre de 2019 fue otra vez detenido y recuperó la libertad gracias al pago de una fianza de 1.500.000 dólares y una garantía con propiedades familiares que superó los USD 4 millones. Este juicio civil lo encuentra en libertad pero monitoreado. De ser hallado culpable Bravo no irá a prisión pero es probable que deba pagar con un castigo económico.

Se estima que el juicio durará una semana y para los primeros días de marzo el tribunal exprese su veredicto. “A pesar de los obstáculos para juzgar a Bravo en la Argentina, las y los familiares de víctimas de la Masacre de Trelew no se detendrán hasta obtener justicia. Es la única herramienta en los Estados Unidos para sentarlo en un tribunal y determinar su responsabilidad en los hechos”, comentó Sol Hourcade, coordinadora del área de Memoria, verdad y justicia del CELS.

“No se puede hacer un juicio penal y acá en Argentina no pudo ser enjuiciado porque no aún le dan la extradición”, explicó la abogada. El proceso de extradición fue interrumpido por la pandemia de COVID-19 pero los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la masacre no pierden la esperanza de ver a Bravo otra vez en la tierra donde derramó la sangre de los presos políticos.