Irregularidades en el IPV: "La Fiscalía pretende elevar la causa a juicio"
"El Ministerio Público Fiscal ha hecho varias mutaciones de su acusación original y hoy, con una nueva jueza, se llevará adelante la audiencia", dijo Banfi.
Lo resaltó la fiscal Banfi previo a la audiencia preliminar, en el marco de la investigación sobre el plan de 81 viviendas en Ciudadela.
COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La fiscal Camila Banfi se refirió a la audiencia preliminar de elevación al juicio por las irregularidades en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que se realizará este viernes. "El Ministerio Público Fiscal ha hecho varias mutaciones de su acusación original y hoy, con una nueva jueza, que es la doctora Raquel Taselo, se llevará adelante la audiencia", dijo.
"La Fiscalía pretende elevar la causa a juicio. Nosotros ya lo veníamos adelantando conjuntamente con la querella. Nuestra intención es poder realizar el juicio oral y público para que se ventilen estos temas, independientemente de las discusiones que puedan tener con los funcionarios y empleados públicos que están imputados".
"Pretendemos que se eleve a juicio y que se pueda ventilar toda esta evidencia en un debate oral y escuchar también a los vecinos que impugnaron las listas, a los cuales nunca se les dio trámite. Ellos son parte de los expedientes", sostuvo.
Recordó que "son delitos funcionales: En el caso de Abel Reyna, el delito es por incumplimiento a los deberes de funcionario público, hay cohecho. También por no dar cumplimiento a las impugnaciones y haber alterado los padrones para entregarles viviendas a personas que no cumplían con los requisitos. La investigación fiscal es sobre el plan de 81 viviendas en Ciudadela".
"Cuando el arquitecto, Ricardo Trovant hizo la denuncia sobre este plan, el que estaba para entregar era el de 81 viviendas, en ese plan es donde el Ministerio Público Fiscal realiza la investigación, secuestrando los legajos de la vivienda, analizando la documentación y detectando estas irregularidades", manifestó a La Cien Punto Uno.
Además, aseguró que "los colaboradores, a sabiendas, insertaron datos falsos en los legajos de la viviendas y permitieron que, personas que no cumplían con los requisitos, pudieran obtenerlas" y agregó: "cuando iniciamos la investigación, en el padrón de Comodoro había 19 mil inscriptos. Es decir que también hay víctimas secundarias, que son aquellas personas que cumplían con los requisitos".
Resaltó que esas viviendas finalmente fueron entregadas a esas personas que no cumplían con los requisitos y que eran allegados a este grupo que administraba el IPV. La fiscalia había escogido una calificación para que sea un tribunal unipersonal, es decir que la pena no sería superior a los 6 años, pero hay que ver qué delitos se pueden probar".