Juicio a Reyna: empleados declararon que había armado un "IPV paralelo"

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - En la mañana del martes se realizó la segunda jornada del juicio oral y público contra Abel Reyna, ex responsable del IPV local, acusado de cinco delitos entre los que se encuentra cohecho activo y administración fraudulenta, por irregularidades en la entrega de viviendas en Comodoro Rivadavia.  El miércoles continúa el debate con más declaraciones testimoniales.

La primera testigo fue una persona que ofició de testigo de actuación. El segundo testigo fue Nelson Turrillo, quién se desempeñó como gerente general del IPV quién se refirió a una nueva normativa que tendía a la descentralización de las delegaciones del IPV en la provincia que les deba una mayor autonomía. También mencionó que se actualizó el padrón de datos, de postulantes, en todas las delegaciones de la provincia. A mayor necesidad social, mayor puntaje. Una vez publicado el listado de postulantes en los medios todas las impugnaciones se contestan de manera legal, agregó. También declaró sobre el caso puntual de la vivienda entregada a cambio de favores sexuales.

Varios empleados del IPV local fueron contestes en que en esa época habían armado un IPV paralelo, recibían a parientes, amigos y entenados. Uno de los testigos dijo que lo habían sentado junto a Reyna y Acosta y que si quería participar del negocio que tenía que seleccionar a los petroleros que tenían sueldo. Desde Rawson estaban enterados de todas estas cosas y que era todo una asociación ilícita. Todos los testigos empleados declararon que les habían sacado las cosas, que los habían mandado a la cocina, que les habían sacado las computadoras y que no tenían con qué trabajar. Que veían todas las maniobras y toda la organización paralela.

Declaró un testigo que había sido de identidad reservada que había pagado 80.000 pesos a Acosta y que al poco tiempo le habían dado la vivienda. Y que luego le dijeron que eso no era regular entonces se presentó en la fiscalía.

Luego una testigo que impugnó los 81 Legajos de las viviendas del barrio Gas del Estado, y le explicó a la jueza todos los casos de ese barrio, que ninguno tenía el puntaje que había alcanzado ella. Recordó que habían manipulado los puntajes, que había gente que estaba acumulando puntos desde que había nacido y que eso hablaba de la manipulación de los legajos.

Ese IPV paralelo lo manejaba Reyna con esas personas a las que él les había dado cargos, coincidieron los testigos Ortiz, Batistina y Etchegaray.

Otra testigo que fue con una carta de recomendación de un pediatra y que la había atendido Reyna y al poco tiempo le adjudicaron una vivienda.

El defensor por su parte contrainterrogó a todos los testigos y a los empleados intentó sacar a relucir sumarios administrativos que habían tenido. Batistina y Etchegaray confirmaron que habían tenido sumarios y que los habían suspendido y habían pagado por ellos, pero que todavía se encontraban trabajando en el Instituto. El testigo Etchegaray dijo que Trovant sabía de todas estas circunstancias.

Presidió el acto Mónica García, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal actuó Camila Banfi, fiscal general; por la querella actuó María Laura Martensen, abogada patrocinante en representación del IPV; la defensa de Reyna, estuvo a cargo de Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.