Juicio por pingüinos: la presidenta del tribunal que está en el centro de la polémica y el caso previo en el que desoyó a la misma fiscal
Se trata de María Laura Martini, la jueza cuyo traslado casi provoca un conflicto de poderes entre el Consejo de la Magistratura y la Legislatura, y que obligó a intervenir al Fiscal de Estado. En agosto, la magistrada desoyó el dictamen de la misma fiscal del juicio de Tombo, Florencia Gómez, quien se negaba a una suspensión de juicio prueba de acusados por incendios en edificios públicos.
Las casualidades de la burocracia judicial hicieron que en el juicio por la Masacre de Punta Tombo vuelvan a cruzarse la jueza María Laura Martini y la fiscal Florencia Gómez, quienes ya tienen una historia previa de desavenencias respecto a cómo aplicar la suspensión del juicio a prueba.
Martini es nada menos que la presidenta del tribunal que integran además Carlos Richeri y Eve Ponce, y que en agosto quedó en el centro de la discusión política provincial, que involucró al gobernador Ignacio Torres, al vicegobernador Gustavo Menna y a buena parte de los diputados, quienes cuestionaron su decisión de permitir la suspensión del juicio a prueba a imputados en los atentados contra edificios públicos en diciembre de 2021.
A pesar de la oposición de la fiscal Gómez, en aquella oportunidad Martini hizo lugar al pedido de la defensa, lo que luego fue apelado y revertido ante la Cámara de Apelaciones. Por esa decisión sufrió duras críticas, y luego su nombre pasó a estar en el centro de la polémica por otra cuestión.
Martini, quien fue designada como jueza de Comodoro Rivadavia en 2021, pidió el traslado como jueza de Rawson, lo que fue autorizado en segunda instancia (en revisión, luego de haberlo rechazado en la primera petición) por el Consejo de la Magistratura en junio.
Pero esta decisión y su nombramiento por parte del STJ, generó el planteo de la Cámara de Diputados, desde donde se pidió la intervención de Fiscalía de Estado por entender que ese traslado era lesivo al interés público ya que no contó con el aval legislativo.
Luego del dictamen del fiscal Andrés Giacomone, su caso fue revisado por el Consejo de la Magistratura, que dos semanas atrás revisó su decisión y envió los antecedentes del traslado a la Legislatura, que ahora lo derivó a la comisión de Asuntos Constitucionales.
La gran duda instalada, a pesar de que parece estar clara desde lo legal, es la validez de los actos de esta jueza en estos momentos, si el traslado le es denegado por los diputados y se ordena su regreso a Comodoro Rivadavia.
