La causa por el viaje a Lago Escondido pasará a los tribunales de Comodoro Py

Este jueves se resolvió que la causa por el polémico viaje de jueces y funcionarios a Lago Escondido, pasará a los tribunales de Comodoro Py, en Retiro, Buenos Aires.

Así lo resolvió, la Cámara Federal de Casación Penal. 

Según informó Télam, la decisión fue tomada por la sala I del máximo tribunal penal federal del país. Allí, se dispuso “declarar competente al juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal 2” de la ciudad de Buenos aires, a cargo de Sebastián Ramos.

Qué dijeron desde Casación

Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, explicaron que “comparten” el criterio de Eduardo Farah, juez de la sala II de la Cámara Federal porteña, quien había expresado que la justicia de Bariloche debía inhibirse y enviar la investigación a Comodoro Py.

Además, los jueces de Casación, aceptaron la “excusación” del juez Carlos Mahiques, tercer integrante de la sala, para intervenir en el caso, debido a que es uno de los imputados en la causa.

Asimismo, Casación dispuso informar lo resuelto al juzgado federal de Bariloche, desde donde debía enviarse la causa de Comodoro Py.

Qué había resuelto Eduardo Farah

El pasado 1 de febrero, el camarista porteño del tribunal intermedio de apelaciones de Comodoro Py, resolvió trabar competencia e ir a Casación ante la negativa a inhibirse del juzgado federal de Bariloche.

Además, había señalado que la investigación debía a pasar a los tribunales federales de Retiro, porque los imputados ejercen funciones en esta jurisdicción.

En este sentido, aseguró que en el caso tiene que intervenir el juez federal 2 de la ciudad de Buenos Aires Sebastián Ramos. Tras hacer lugar al planteo de inhibitoria que presento otro de los jueces imputados, el penal económico de CABA Pablo Yaradola.

Asimismo, ratificó que la investigación tiene que seguirse en los tribunales de Retiro, por que son “funcionarios públicos (jueces federales, un ministro y un fiscal), entre otros, por haber aceptado determinados servicios de costo económico, ofrecidos por empresarios en razón de los cargos que ejercían”.

Y también, se investiga si “aquellos beneficios podrían haber estado vinculados a específicas intervenciones que tuvieron en casos puntuales ligados a los roles que poseen”.

Del mismo modo, Farah indicó que los hechos denunciados sucedieron en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

“Las circunstancias que son dirimentes para la solución del tema tienen una nota en común: habrían acontecido en esta Ciudad de Buenos Aires y a los fines de determinar la competencia territorial (únicos que se analizan en la presente) deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios”, agregó.

La palabra de Gustavo Villanueva

El juez federal subrogante de Bariloche rechazó la inhibitoria y dijo que corresponde que la causa se siga tramitando en Bariloche. Porque allí se impulsó la investigación, se fijó la plataforma fáctica y se dispusieron numerosas medidas de prueba. 

Por otra parte, en su fallo advirtió que todavía se desconoce si el viaje a Río Negro fue financiado por los imputados o por terceros, cuyas eventuales motivaciones tampoco estarían aún esclarecidas, explicaron fuentes del caso.

Los imputados

Por el polémico viaje, están acusados Julián Ercolini, juez en lo Criminal y Correccional; Juan Bautista Mahiques, el fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia de CABA; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2 y Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9.

También están, Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit y los directivos del grupo Clarín Pablo César Casey y Jorge Rendo.