La jueza que avaló la usurpación y la consecuente venta de terrenos ilegales en Comodoro a un millón de pesos

La decisión judicial que rechazó el pedido de desalojo solicitado por el municipio en un sector de barrio COMIPA puede significar la legitimación de un nuevo asentamiento en la ciudad, como los que han ocurrido a lo largo de la historia de la ciudad, algo que no debería ser justificativo para seguir avalando la irregularidad.

Independientemente del desalojo concretado esta mañana en barrio Palazzo, por aplicación de la ordenanza general de Tierras, hay otro asentamiento, sobre la avenida Nahuel Huapi, en el sector conocido como COMIPA, en el que no se pudo concretar esa medida y ya ingresó en el terreno judicial.

En ese lugar, ubicado a corta distancia de donde hoy se produjo el operativo policial, los vecinos que protagonizan el asentamiento resistieron la presencia policial y el municipio debió acudir a la justicia.

Es en ese plano donde cabe el análisis sobre la respuesta que dio la jueza Natalia Venter ante ese planteo, que en primera instancia rechazó una medida cautelar para habilitar el desalojo, bajo el argumento de la presencia de niños y mujeres embarazadas, que serían colocados en situación de vulnerabilidad frente a esa medida.

Legitimar la irregularidad

Lo que algunos se preguntan (incluso en ámbitos de la justicia) en torno a ese fallo judicial es si, precisamente, esos niños fueron llevados a esa situación, de condiciones de vida más que precarias, para terminar torciendo la situación a su favor, como justificativo de la usurpación de tierras fiscales, que por otro lado no son aptas para urbanizar.

Además de los radios de seguridad por instalaciones petroleras que afectan al lugar, la zona es de riesgo inundable, lo que significa que sería un sector altamente expuesto a una lluvia por encima de lo normal, aunque no tuviese la magnitud de la catástrofe de la que esta semana se cumplirán 6 años.

El riesgo que significa una decisión judicial de estas características es que se termina consolidando a la usurpación como método de acceso a la tierra, lo que quedaría reflejado en lo que sucedió desde mediados de febrero hasta hoy: luego de aquel asentamiento que resistió en el lugar, se sumaron otros, incluido el que fue desalojado esta mañana y en el que debió apelarse al uso de la fuerza pública, en el marco de la aplicación de la Ordenanza de Tierras y antes de que llegara el caso a la justicia civil.

La modalidad de toma de tierras está grabada en la memoria histórica de Comodoro Rivadavia. La situación no es nueva, como lo reflejan muchos de los barrios históricos de la ciudad, desde la zona alta en los años 50 hasta lo que nació como asentamiento y hoy es barrio Moure, en los 90. Más cercano en el tiempo, el sector conocido como barrio ‘Las Américas’, tras el último ‘boom’ petrolero de la primera década del siglo 21, atestiguan ese trayecto.

Y aún cuando las ocupaciones continuaron posteriormente, al punto que en la ciudad hay 14 villas y 20 asentamientos, según reconoció la concejal Liliana Carnevale, en base a datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), el diagnóstico exige al Estado adoptar soluciones que tiendan a encauzar el problema dentro del respeto a las normas, antes que en legitimar su transgresión. Y la justicia, aunque sea redundante decirlo, es parte constitutiva del Estado republicano.

Por otra parte, es indudable que si bien el problema no había tenido nuevos emergentes en el último tiempo, la cercanía del proceso electoral es un elemento insoslayable para entender el recrudecimiento.

A esto se suman los dichos del propio intendente Luque, en relación a que las tomas podrían ser alentadas desde adentro del municipio, en lo que mencionó como algún “infiltrado”, generando connivencia hacia las tomas de las últimas semanas.

Otro dato que se suma y que la justicia no puede apelar a la venda en sus ojos para ignorar, es la mención formulada por la concejal Viviana Navarro, respecto de que en algunos casos se tomaron hasta tres terrenos y luego se venden a valor de 1 millón de pesos, al interior de las ocupaciones. La modalidad no es nueva, porque ya formó parte de los relatos populares cuando el asentamiento de 2008 creció de modo incontrolable, en el margen que va desde la ruta 3 hacia el barrio 30 de Octubre.

Todas estas situaciones irregulares, claramente favorecidas cuando se impone el ‘sálvese quien pueda’ y la norma del más fuerte al costado de la ley, no pueden valerse del estado de necesidad real que alegan muchas familias, en su necesidad de acceder a la tierra y a un techo propio. Atender esa legítima necesidad es obligación del Estado, pero el camino hacia la solución, seguramente, no está por afuera de las normas, como los saben miles de familias que también están en la misma espera.