La Unidad de Delitos contra la Administración Pública investigará el uso de fondos en Lago Puelo durante los incendios

Luego de la denuncia por presuntas irregularidades por la manera en que se gastaron los fondos públicos por la emergencia a causa de los incendios en la cordillera, ahora la justicia tiene en su poder una gran cantidad de documentación y elementos materiales que debe evaluar, y es un hecho que la causa pasará a la órbita de la unidad especial que conduce el fiscal Omar Rodríguez.

Todo se originó en la denuncia de un concejal de Lago Puelo, Ramiro Ibarra, por la presunta comisión de maniobras irregulares respecto al manejo de los fondos por parte de la municipalidad de Lago Puelo, con los dineros enviados por la Nación y la Provincia en el marco de la emergencia por los incendios de marzo, cuando arribaron fondos por un monto global que supera los $ 400 millones.

El fiscal que recibió la denuncia hace tres meses atrás, Carlos Díaz Mayer, ya avanzó en allanamientos y en el secuestro de una importante cantidad de documentación referida a compras y facturas, así como de computadoras y teléfonos celulares de funcionarios municipales.

Se trata del único fiscal en actividad de los tres que debería haber en la comarca andina –ya que un cargo está vacante y hay un fiscal que está de licencia prolongada- por lo que hasta el momento no hubo mayores avances. Según pudo saber ADNSUR, Díaz Mayer pidió a la procuración general que la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública, que conduce su colega Omar Rodríguez, sea la que coordine la investigación.

El pedido obedece a que Díaz Mayer debe atender otras 380 causas penales de homicidios, robos y abusos sexuales, entre otros asuntos, y no cuenta con capacidad operativa y de recurso humano para una causa tan compleja, que todavía está en etapa preliminar para evaluar si se pide la apertura de una investigación.

Según la solicitud del fiscal -que tuvo respuesta positiva del procurador Jorge Miquelarena-, hay serias sospechas de que pudo haber habido un descalabro en el manejo de los fondos por parte del municipio que conduce el intendente Augusto Sánchez, quien justamente sería el más favorecido en el inminente nuevo aporte de fondos de ATN que está por bajar la Nación en Chubut.

Fuentes judiciales reconocieron a esta agencia que hay fuertes indicios de que puede haber habido irregularidades administrativas, aunque previamente se debe investigar si hubo dolo por parte de los funcionarios, es decir, si hay elementos para pensar en una posible administración fraudulenta, abuso de autoridad, estafa, malversación de fondos públicos, o incumplimiento de los deberes de funcionario.

PERICIA

Lo más inmediato es que se debe ordenar, según las fuentes judiciales, es una pericia contable para que miembros del Equipo Técnico Multidisciplinario del Ministerio Público Fiscal, integrado por contadores, informáticos, criminalistas, psicólogos entre otras especialidades, se encarguen de analizar la información que hay en las computadoras secuestradas en el municipio en el mes de julio.

Hay que recordar que, ante la denuncia del concejal Ramiro Ibarra, hubo allanamientos en el mes de julio; por un lado, en el municipio de Lago Puelo, donde se secuestraron tres teléfonos pertenecientes a los directores de las oficinas allanadas, del área de compras y de producción; y luego en una ferretería de El Bolsón, donde se hicieron compras por un monto superior a $13 millones, por la compra de 105 calefones, 105 inodoros, 105 vanitorys, y materiales de electricidad.

La investigación preliminar debe determinar si con los fondos de los ATN se pagaron sobreprecios en las compras y se favoreció a un único proveedor, a través de compras directas, mientras que en la localidad de Lago Puelo había oferentes que presentaron propuestas más económicas, como sospechan desde la oposición.

Por ello se estudia el listado de compras realizadas desde el municipio, ya que hay cheques y facturas que se sospecha podrían estar sobrefacturados y mal realizadas, especialmente en lo referido a la compra de materiales para los módulos habitacionales, como mangueras, caños, electricidad, y demás elementos. También se cuenta con documentación sobre compras realizadas en aserraderos de la zona, pero aún no se avanzó en medidas concretas.

La investigación apunta además a determinar si hubo infracciones de tipo administrativo, ya que Ibarra afirma en su escrito que no se siguieron los pasos que establece la Carta Orgánica Municipal. El edil sostiene que, de acuerdo a los montos, se debió haber solicitado previamente la autorización del Concejo Deliberante.

ANTECEDENTES

La denuncia de Ibarra apunta a cuatro compras presuntamente irregulares, por un importe superior a los $ 13 millones, a un sujeto domiciliado en El Bolsón en cuatro hechos autónomos, de acuerdo a las Resoluciones 1188/2021, 1189/2021, 1190/2021 y 1191/2021, todas ellas con fecha 1° de junio de 2021.

Cada resolución luego de enumerar los elementos que se autoriza a comprar refiere “La presente Resolución se dicta en el marco del estado de catástrofe ígnea dispuesto por Resolución Municipal N° 516/21 y las ordenanzas municipales 013/21 y 26/21”. Y se indica que lo resuelto debe ser comunicado “al Concejo Deliberante Municipal para su conocimiento y efectos.”

Por su parte el Poder Ejecutivo Provincial, dictó el Decreto n° 127/21, en el cual se declaró el “Estado de Desastre Igneo”, en el área cordillerana por el plazo de un año, lo que motivó la asignación de más recursos económicos a Lago Puelo y municipios de la zona, para ser destinados a la ayuda a los vecinos afectados.

Ante ello, el Honorable Concejo Deliberante de Lago Puelo, sancionó la Ordenanza 26/21 en la que se declaró la emergencia social, ambiental, sanitaria, económica, alimentaria, productiva y habitacional en el ejido de Lago Puelo, por el periodo de un año.

Según la denuncia de Ibarra, con esa situación de catástrofe y emergencia se le otorgaron puntuales y concretas atribuciones, como así también deberes al órgano del Ejecutivo Municipal, pero “en ninguna ordenanza municipal se estableció una autorización general y masiva para efectuar contrataciones directas y obviar el principio general de la licitación pública”.