Las caras de la misma moneda de la corrupción en Chubut

COMODORO RIVADAVIA (Por Raúl Figueroa/Especial para ADNSUR) La matriz de corrupción en Chubut volvió a sacudir esta semana a la provincia, que mientras sigue casi paralizada en sus servicios esenciales como educación y salud, cada día se desayuna con nuevas derivaciones en torno al “mecanismo” vernáculo. Los allanamientos a empresas de la construcción realizados el viernes permitirán saber si los empresarios involucrados fueron “víctimas” o “cómplices” de la banda de Correa, una diferencia que puede implicar responsabilidades penales graves.

Así trascendió tras los operativos efectuados este viernes, en los que se secuestraron elementos que, según pudo saberse, serán analizados para establecer la vinculación entre los 300 cheques detectados en los registros de la contabilidad que llevaba prolijamente el grupo de ex funcionarios detenidos y los asientos que quedaron registrados en las propias empresas.

“Hemos encontrado los troqueles de las chequeras utilizadas y van a ser revisados uno por uno”, explicó a esta agencia uno de los fiscales de la causa. La importancia de esos elementos, junto a conciliaciones bancarias y otros elementos secuestrados (libros de IVA, CPUs, etc), es fundamental para aquella distinción: “si en el troquel dice el verdadero fin para el que se destinó ese cheque, es decir para pagar a Correa, será una prueba de que el empresario era víctima de una extorsión o algún tipo de presión. Pero si intentó ‘dibujarla’, asignando a ese cheque otra finalidad ficticia, se transforma en cómplice de la maniobra y participa del cohecho: son delitos con penas de de 1 a 6 años de prisión”, analizan los investigadores.

Por ahora no hay imputaciones, pero la causa genera indicios de sospecha suficientes como para tomar el tiempo necesario para analizar la documentación secuestrada y avanzar en futuras imputaciones, en caso de corroborarse la segunda de las opciones mencionadas. En el primer caso, el testimonio de los empresarios involucrados podría ayudar a sumar elementos para que la investigación llegue a fondo en torno a los verdaderos responsables de la maniobra delictiva, pero acaso sirva para algo más: la posibilidad de marcar un punto de inflexión frente a la práctica institucionalizada de tomar al Estado como botín para el enriquecimiento propio, mientras la obra pública brilla por su ausencia y los endeudamientos alegremente asumidos consumen hoy más de la mitad de los recursos económicos de la provincia.

A punto de zafar…

No es el único foco judicial en relación a la función pública. Esta semana volvió a postergarse el juicio penal contra los ex intendentes Martín Buzzi y Néstor Di Pierro, acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en relación al juicio iniciado por un particular contra la municipalidad, a raíz del conflicto por un lote fiscal. La nueva prórroga reactivó el enfrentamiento entre el juez Miguel Caviglia y el fiscal Héctor Iturrioz, ya que la disposición del primero fue cuestionada por el encargado de la acusación pública, quien también fue convocado por el equipo de fiscales provinciales para la causa “el embrujo”. En vinculación a la causa municipal, la cuarta postergación del juicio que debía realizarse a partir del 26 de abril significó un alivio para los ex funcionarios: si las demoras se prolongan más de un mes, el caso habrá prescripto y la causa podrá archivarse.

Coimas VIP

La agenda judicial incluye para esta semana otra novedad de interés. Los ex funcionarios municipales y policiales involucrados en la causa por cohecho vinculada al funcionamiento de departamentos VIP, en los que se ejerce la prostitución en la ciudad, deberían afrontar la audiencia preliminar el próximo miércoles 2 de mayo, para determinar si cabe la elevación a un juicio oral y público. Se trata de una investigación dividida en dos partes, que tiene como cabezas visibles al ex jefe policial Alejandro Pulley y al ex secretario de Seguridad, Antonio Zúñiga: una es por facilitación y explotación de la prostitución con protección policial; y la otra parte se vincula a la presunta protección de la Secretaría de Seguridad para este tipo de departamentos “y todo el comercio sexual que existe en la ciudad”, según describió el fiscal de la causa, Martín Cárcamo. El magistrado había indicado en su acusación que el organismo municipal requería alrededor de 15.000 pesos semanales para garantizar ese funcionamiento