COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Escuchá la entrevista) – La presidenta de la Asociación de Magistrados de Chubut, Iris Pacheco, informó en Actualidad 2.0 que "los magistrados evalúan la posibilidad de una reforma legislativa o de solicitar una acordada al Superior Tribunal para que podamos ejercer la libre opción de obra social".

Detalló que durante una asamblea definieron que “estaría en estudio efectuar la petición al Superior Tribunal de Justicia para que analice que magistrados y funcionarios puedan ejercer la opción al momento de hacer el aporte a la obra social”. Al respecto, sostuvo que “lo que se discutió es seguir manteniendo un aporte solidario a SEROS”.

Pacheco sostuvo que “tuvimos una asamblea donde el primer punto era un acción de amparo para la desregularización de la obra social, el segundo, un amparo colectivo y entendimos que estaba cumplido con la presentación del defensor oficial y la intimación realizada, como punto tres otras propuestas y punto cuatro mantener el statu quo”.

“Se eligió la opción tres y ahora pasa a estudio. No estamos pensando en una acción judicial sino que estaría en estudio efectuar la petición al Superior Tribunal de justicia para que analice que magistrados y funcionarios puedan ejercer la opción al momento de hacer el aporte a la obra social. Esta petición se debe a que en la mayoría de las provincias en las cuales magistrados y funcionarios pueden optar por la obra social provincial o una privada, es con acordada del Superior Tribunal de Justicia”, sostuvo.

Por tal motivo, indicó que “entendimos que es una de las posibilidades. Es una acordada con el Tribunal Superior de Justicia, y la otra posibilidad con antecedente en el país es hacer una propuesta de reforma legislativa. Lo que se discutió es seguir manteniendo un aporte solidario a SEROS”. A modo de ejemplo, Pacheco planteó que “si a una persona se le descuentan 6 mil pesos para la obra social, que siga teniendo un descuento simbólico. Pero supongamos que el promedio es de 2500 pesos a SEROS, el resto del aporte dirigirlo a otra obra social o prepaga”

“Otra posibilidad en estudio es que ante una cantidad de años determinados hay que aportar a la provincia de modo obligatorio y luego se produce la desregularización”, comentó.

Ante la posibilidad de que dichas alternativas abarquen legalmente a otros empleados estatales, Pacheco remarcó que “la opción no la tienen ellos ni nosotros. Siempre está la posibilidad de hacer una acción legal pero la realidad es que en los casos estudiados se vio lo acontecido en el resto de las provincias y todas las que hicieron planteos judiciales tuvieron una sentencia en contra. Por eso lo planteamos como un acordado con nuestro empleador. Es muy difícil una sentencia favorable y por eso estas vías de apertura y de hacer un estudio determinado”.

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