Un caso sorprendente de privación ilegal de la libertad ocurrió en Plottier, involucrando a dos matrimonios y desencadenando una serie de eventos violentos y coercitivos. Los acusados, un constructor y su esposa, mantienen actualmente arresto domiciliario mientras enfrentan cargos por sus acciones.
Luis Miguel, un constructor de 31 años, y su esposa Lindamar, de 21, secuestraron a su empleado Elio y a su pareja Ana Isabel el pasado 16 de julio. La acción fue motivada por una supuesta deuda que Elio tenía con Luis Miguel. Los acusados, que tienen cuatro hijos, atacaron a Elio junto con un hombre aún no identificado, y lo llevaron a su domicilio en una Toyota Hilux.
Elio fue atado de pies y manos con precintos y dejado en el piso de la casa, mientras que Ana Isabel fue obligada a bajar de la planta alta y amarrada a una silla. Durante toda la noche, la pareja de secuestradores golpeó y amenazó a Elio, exigiendo el dinero que supuestamente les debía. También presionaron a Ana Isabel para que firmara un boleto de compra venta de un terreno.
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El drama se prolongó hasta el día siguiente, cuando Elio logró desatarse, solo para ser nuevamente reducido por su empleador. En un giro inesperado, Luis Miguel comenzó a responder llamadas de los familiares de las víctimas y envió un video de Elio maniatado y golpeado a un sobrino.
El comportamiento errático del secuestrador permitió a los familiares de las víctimas llegar a la vivienda donde estaban retenidos. Luis Miguel les permitió entrar y luego liberó a Elio y Ana Isabel bajo la promesa de firmar el boleto de compra venta. En lugar de cumplir con esa promesa, las víctimas acudieron a la comisaría Séptima para denunciar el secuestro.
Luis Miguel continuó con sus amenazas, presentándose en un negocio de los familiares de Elio para intimidarlos, acción que fue grabada con un celular. También envió mensajes intimidatorios desde su teléfono. Finalmente, se entregó a la policía, aunque no reveló el paradero de su celular ni de su camioneta.
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Respetando un acuerdo entre la fiscalía, representada por Paula González y Eduardo Briguglio, y el defensor jefe Leandro Seisdedos, el juez Marco Lupica Cristo impuso a la pareja cuatro meses de prisión domiciliaria y prohibición de contacto con las víctimas. Los cargos incluyen privación ilegal de la libertad y coacciones agravadas, mientras que las lesiones fueron clasificadas como leves.