Miquelarena anticipó que se imputará a 23 personas por los incendios de diciembre y dijo que el fallo de Goodman no fija un antecedente 

El Procurador General de la provincia, Jorge Miquelarena, brindó una entrevista a Canal 12 y afirmó que  “cuando se investiga a una persona con poder político, se suele decir 'soy un perseguido político' o esto es una ‘persecución política’. Del mismo modo, es habitual cuando -en el marco de una protesta social que es legítima- un grupo de vándalos se separa y comenten un sinnúmero de delitos. Se suele decir que 'se está criminalizando la protesta social'. No tiene un ‘cuerno’ que ver una cosa con la otra. De ninguna manera, se pide que no marchen ni peticionen a las autoridades sino que lo se pretenden investigar los delitos que se cometen en el marco de una manifestación que –en principio- es pacífica”, señaló.

El procurador recordó que “la jueza María Tolomei decidió darle al ex Secretario General de ATCH Santiago Goodman la pena mínima de 3 años en suspenso. El Ministerio Público Fiscal consideraba correcto, adecuado y justo una pena de 5 años”.

“Evidentemente, se sopesaron los atenuantes y no los agravantes. Si se le dio el mínimo, a la magistrada le pesaron más lo atenuantes que los agravantes”, señaló.

“No me gusta hablar de ‘fallos ejemplificadores’ porque parece que uno toma a un imputado y le hace valer el peso de la ley para enviar un mensaje a eventuales imputados.  Nos deja un sabor amargo porque el Ministerio  Público Fiscal pidió 5 años. Los imputados eran 3 y no uno. Son las reglas que se manejan y que hay que acatar. Si el Ministerio Público Fiscal pidió 5 años es porque –objetivamente- consideró que era la pena que correspondía”, aseguró.

En este punto, Miquelarena se refirió a los incendios que se dieron en el marco de una manifestación contra la Ley de Zonificación Minera, y afectaron Casa de Gobierno, el Superior Tribunal de Justicia y otros edificios públicos de Rawson, donde además de bienes materiales se perdieron numerosos legajos, expedientes y pruebas judiciales, muchos de ellos irrecuperables y que provocarían el cierre de causas o la absolución de imputados por falta de evidencias.

“Esto (el fallo de Goodman) no puede ser tomado como antecedente de la pena por los incidentes de diciembre del 2021. Puede haber algunas consideraciones del fallo sobre el origen del incendio, el peligro que se corrió y el daño provocado. Eso es interesante para casos similares pero no respecto de la pena”, aclaró. 

“Cada caso es un mundo y tiene sus particularidades. Hay entre 23 y 25 personas que van a ser sometidas –en breve- a la audiencia de apertura de investigación por los incendios de diciembre del 2021”, anticipó.

“Son las personas que se logró identificar luego de una ardua tarea de investigación en la que colaboraron los periodistas con sus filmaciones. Esas identificaciones se pudieron corroborar con algunos allanamientos y elementos que se secuestraron como prendas de vestir. Hay un artículo que prevé una pena de 3 a 10 años donde hay un gravedad importante donde corren riesgo la vida y los bienes”, agregó.

“Detrás de los papeles que se quemaron, hay legítimos intereses y derechos de muchas personas. Estaba la causa en la que se estaba investigando a la gente de Lotería, se destruyó por completo y fue imposible reproducirla. La investigación demoró un año. Se quemó documentación original que hay que hacerla valer en el debate. Además, se destruyó toda la mesa de entradas del Superior Tribunal de Justicia del ‘Contencioso Administrativo’. Hay expectativas y derechos de personas que están detrás de los expedientes”, lamentó.

“Se produjo un daño incalculable y hay prueba documental que es imposible de reconstruir. Hace poco, se juzgó una violación y los imputados quedaron absueltos. Se juzgó con un expediente que hubo que reconstruir que aportaron las Defensas. Se quemó la Fiscalía de Rawson, por completo”, repasó.

Cobertura de las vacantes de los fiscales

“La carga que tiene el Ministerio Público Fiscal no se asemeja a los magistrados o los defensores por el grado de exposición, responsabilidad y la presión de la gente. Además, el fiscal tiene que estar dando –permanentemente- respuestas a las víctimas”, señaló. 

“Hace falta mirar la cantidad de legajos que se manejan en la Fiscalía a diferencia de la cantidad de legajos en la Oficina Judicial. Lo que se ve en el juicio es la última parte de lo que se realizó sobre la investigación previa. Muchas cosas no llegan a juicio porque se solucionan antes con las soluciones alternativas (reparación, conciliación, mediación entre otras)”, detalló.

“Los fiscales y los jueces de Familia reciben una mayor cantidad de denuncias en el Consejo de la Magistratura. En los ‘jurys de enjuiciamento’, los fiscales fueron los principales destituidos”, indicó.

“Si un fiscal hace un pedido y resulta desacertado a criterio de alguien, es probable que vaya denunciado al Consejo de la Magistratura. Hay constantemente revocación de los fallos de los jueces y no se va por eso al Consejo de la Magistratura. Está bien porque están las distintas instancias del control judicial. Si no les gusta el fallo de primera instancia, está el segunda instancia y si no le gusta está el del Superior Tribunal y luego la Corte Suprema de Justicia”, explicó. 

“En Rawson, faltan 2 fiscales, en Trelew hay 4 vacantes más. Hoy por hoy, las peores jurisdicciones son Trelew y Puerto Madryn. Pero eso no significa que no hagan falta más fiscales en Comodoro Rivadavia o en Esquel”, reconoció.

“Se anotan muy pocos. Si no logramos cubrir las vacantes –rápidamente- se conspira contra el trabajo de los pocos que quedan. Al margen de esto - todos los días- aparece una ley distinta que nos genera más funciones como –por ejemplo- el Código Contravencional”, advirtió el Procurador Jorge Miquelarena en diálogo con el programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite –en simultáneo- por canal 12 y ADNSUR.