Muerte de Tino John: “No puede quedar impune porque mataron a un enfermo mental y no a un loco con rehenes”

Uno de los abogados querellantes en la investigación por la muerte de Martín Tino John, Daniel Gómez Lozano, anticipó que las 3 querellas que intervienen en la causa seguirán impulsando la investigación judicial, en rechazo a la resolución del fiscal, que pidió el archivo del caso.

“Rechazamos la resolución del fiscal –dijo el abogado, que representa a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos-. La mayor irregularidad es no abordar el problema desde un punto de vista de la salud mental, sino como un enfrentamiento con una persona que en lugar de considerarla con un brote de demencia, se la consideró un delincuente peligroso y se la ultimó a balazos”.

En diálogo con Actualidad 2.0, el abogado recordó que junto a las otros querellas, que representan a los hijos de Tino John y a su pareja, Claudia Costa Basso, habían solicitado además ampliar la acusación “a dos comisarios y un oficial que tuvo el dominio de la acción, de modo que no se juzgue sólo al ejecutor del disparo, que es un sargento, sino que se juzgue a todos los responsables”.

Aunque el representante de la APDH reconoció que Tino John realizó disparos con la carabina con la que se encontraba armado, advirtió que la irregularidad se configura a partir de que era una persona con problema de salud mental, “pero no era un loco peligroso, sino que estaba con su señora, en su casa y con un muchacho que hacía trabajos ocasionales en la chacra. No era peligroso si se lo trataba en base a su problema, que tenía un brote psicótico –explicó-, ya que era bipolar y se había agravado ese cuadro por el incendio que se desató el 9 de marzo de 2021 en la zona cordillerana”.

También reconoció que la víctima tenía un mal vínculo con un vecino, que se fue de la zona a la temporalmente, “a la espera de que el problema se abordara desde un punto de vista de la salud mental, pero no desde el punto de vista policial”.

“Nadie se imaginó que la policía iba a irrumpir con el grupo GEOP en la chacra y lo iban a ultimar a balazos”, cuestionó.

“ACTUARON COMO SI FUERA UN LOCO CON REHENES”

Gómez Lozano detalló que cuando la policía concurrió a hacer el allanamiento el 27 de mayo, la medida se ordenó para secuestrar el arma que tenía John en su propiedad, pero no concurrió con personal de Salud Mental para tratar de persuadir al agresor para que depusiera su actitud.

“Según dice la policía, llamaron al hospital de Lago Puelo y no concurrió el personal de Salud Mental, pero igualmente decidieron ingresar con el grupo policial, con armas y lanzando bombas de estruendo. En lugar de considerar que se trataba de una persona con demencia, actuaron como si fuera un loco con rehenes, empezaron a los balazos y este hombre con un brote psicótico, que tenía un arma, en lugar de sacarle el arma terminaron matándolo”.

El abogado insistió en que la policía debió concurrir con un especialista en salud mental, para intentar tranquilizarlo, pero “en lugar de eso le lanzaron bombas de estruendo por la ventana y esto lo hizo reaccionar peor. No creo que haya hecho 4 disparos –refutó-, pero quiero agregar además que si la policía llevó un negociador, o no existió o hizo un pésimo trabajo. Porque al ingresar, en lugar de pedirle ayuda a la señora, para desarmarlo, la tiraron al piso y la tomaron detenida también. Fue un acto cinematográfico que no tiene nada que ver con el problema psiquiátrico”.

“NO PUEDE QUEDAR IMPUNE ESTE HECHO”

Gómez Lozano remarcó que el procedimiento fue irregular por no abordarlo por la situación de enfermedad mental que atravesaba John, por lo que advirtió que “este hecho no puede quedar impune. Las 3 querellas vamos a seguir impulsando la acusación, pero no con la fuerza que tendría si lo impulsara el fiscal, que no está entendiendo lo sucedido”.

En términos jurídicos, explicó que la acusación de la querella fue llevar igualmente a los acusados a un juicio oral y público, al tiempo que recordó un antecedente ocurrido en Puerto Pirámides, donde el fiscal no acusó en un caso de abuso sexual infantil y la querella llevó igualmente adelante la acusación, logrando una condena de los imputados.

“Justamente, el abogado querellante en ese caso fue el abogado Alfredo Pérez Galimberti, que está interviniendo también este caso como querellante”, reseñó.