Narcos y política: ¿se llegará a fondo con las investigaciones?

COMODORO RIVADAVIA (Por Raúl Figueroa / EL ANÁLISIS DE LA NOTICIA) - El vínculo entre política y narcotraficantes quedó nuevamente evidenciado en el fallo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia que dio a conocer esta semana ADNSUR, abriéndose a partir de ese pronunciamiento judicial una nueva investigación en la que la Fiscalía Federal de Rawson deberá determinar si lo que dijo un narco condenado es cierto y quiénes son los eventuales responsables.

¿Se pagaron desde el municipio de Trelew cargamentos de droga para entregar a la militancia política, en la campaña de 2015? Y en relación a otro reciente fallo judicial: ¿Se llegará a establecer cuál era el vínculo al que hicieron referencia los condenados en la causa “Apadrinados”, con integrantes del anterior gobierno municipal de Comodoro Rivadavia?

Las preguntas anteriores son simples y directas, pero no es tan seguro que haya una respuesta de la misma característica en el corto plazo. La demora, en todo caso, alimenta el cúmulo de sospechas que se extiende y que en el marco de una generalización hacia todo el país lleva a hablar de lo que se denomina “narco democracia”.

Una aproximación a ese concepto fue planteada por el genial escritor Tomás Eloy Martínez, en un artículo publicado por diario La Nación el 9 de enero de 2010: “Expandida como un virus, pone y derriba gobiernos, compra y vende conciencias, se toma la vida de las familias y ahora la vida de las naciones. La cultura narco es la cultura del nuevo milenio”.

NADA NOVEDOSO

Para el psicólogo Jonatan Karasic, que trabaja en la recuperación terapéutica de adictos a través de uno de los “Centros de Día” que funciona en la ciudad, el posible vínculo entre sectores políticos u otros ámbitos de poder y narcotráfico no es novedoso:

“No es la primera vez que se habla de gente de actividad narco tiene vínculos con fuerzas de seguridad o con gente de la política, que participó del gobierno provincial o nacional; hace poco salió la noticia de la vinculación con un político de Madryn, por ejemplo, así que no nos extraña en ese sentido”.

Vale recordar que en Chubut  que se podría realizar desde febrero de 2017, también a ser juzgado por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. En esa causa hay cinco imputados, entre los que se cuenta el polémico empresario Omar “Cura” Segundo, de reconocidos vínculos y amistad con Carlos Eliceche, ex intendente de Puerto Madryn, ex diputado nacional y ex ministro coordinador de la provincia, durante el año 2013.

A propósito, el próximo lunes 19 de diciembre afrontarán ambos una nueva audiencia preliminar para determinar si van a juicio oral y público por el préstamo que el Estado provincial le había otorgado al polémico empresario a través de Corfo, por 10 millones de pesos.

Los ex funcionarios involucrados argumentan que ese préstamo fue para pagar sueldos de los trabajadores de Alpesca, que era conducida por Segundo, pero la fiscalía imputa haber dado el préstamo sin las garantías necesarias, provocando un perjuicio al Estado.

Es insoslayable mencionar que ese polémico préstamo se produjera en octubre de 2013, casi 4 meses después del hallazgo de la cocaína (que iba a ser traficada a España) en la planta que también gerenciaba Segundo. ¿Casualidad o causalidad? En todo caso, el vínculo queda expuesto una vez más y será la justicia la que deba establecer la magnitud e implicancias del mismo.

En el otro extremo de la cadena, desde la mirada de quienes trabajan con los eslabones más débiles, es decir en la atención de adictos, la realidad impone contrastes crudos: “Nosotros vemos que por un lado en el ámbito de la política o los gobiernos está muy en boga declarar la guerra al narcotráfico, de ir con las fuerzas de seguridad para combatir el narco menudeo en barrios o villas, pero cuando se trata de la atención terapéutica nos encontramos con que los recursos son bastante escasos. Hay analistas que plantean que se destinan 9 veces más recursos a la parte represiva que a la atención de la salud de los adictos: si la proporción fuera 50 y 50, se podría trabajar mejor en la prevención, asistencia y reducción de daños”.

En ese contexto, en Chubut también se apunta a discutir la desfederalización del narcomenudeo, un tema que será polémico no sólo porque la investigación penal perdería la “puerta de entrada” a seguir los eslabones de una red de tráfico, sino porque se corre el riesgo de transferir más responsabilidades a la provincia sin la asignación de recursos presupuestarios para una hipotética conformación de fueros provinciales especializados en narcotráfico.