Este miércoles, ordenaron la detención del diputado Germán Kiczka por consumo y distribución de pornografía infantil.  Así lo determinó el juez de Instrucción de Apóstoles, Miguel Ángel Faría, tras el informe elaborado por los peritos de Cibercrimen de la Policía, quienes analizaron los  celulares y las computadoras que fueron secuestradas durante un allanamiento en la casa del legislador. También está involucrado su hermano Sebastián Kiczka.

El diputado había ingresado a la Legislatura de Misiones por el partido Activar, aliado a La Libertad Avanza. Kiczka había sido allanado en su casa, tras una investigación por tenencia de pornografía infantil.  Ese operativo se llevó a cabo tras la confirmación, a partir de peritajes realizados en una computadora personal, incautada en marzo en la vivienda de sus familiares, donde hallaron la existencia de videos y explotación sexual infantil. 

Además, durante el allanamiento en su casa, las autoridades secuestraron dos teléfonos celulares y otra notebook, en la cual se presume que también se halló material relevante para la causa. En el marco del caso, el hombre presentó su renuncia como diputado provincial de Misiones y sería tratada este jueves 22 de agosto.

En tanto, este miércoles el juez Faría ordenó su detención y la de su hermano Sebastián Kiczka. No obstante, el hombre mantiene sus fueros, por lo que aún no podrá ser detenido.

El hombre mantiene sus fueros por lo que todavía no fue detenido Foto: Tiempo Argentino

LA INVESTIGACIÓN

No obstante, toda la investigación inició a partir de una operación internacional dedicada a combatir la explotación sexual infantil. Esta investigación es liderada por la fiscal especializada en delitos informáticos, Daniela Dupuy.

La operación denominada “Guardianes Digitales de la Niñez” ha movilizado a diversas fuerzas de seguridad en Argentina, en colaboración con organizaciones internacionales como la Coalición de Rescate Infantil y el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC). Esta iniciativa tiene como objetivo combatir la explotación infantil en el ámbito digital, utilizando software especializado para rastrear y analizar actividades ilegales. Los dispositivos incautados son sometidos a un minucioso examen por expertos en informática forense, quienes buscan recuperar archivos que han sido eliminados, con el fin de reunir pruebas y proteger a los menores de posibles abusos.

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