Otranto ordenó “pinchar” el teléfono de Sergio Maldonado en septiembre del 2017

ESQUEL – El juez federal Guido Otranto, había ordenado al inicio de la investigación -por pedido de la fiscal Silvina Ávila- realizar escuchas a los teléfonos del hermano del joven que estaba presentado como querellante en la causa. También se intervino el celular  de Ariel Garzi (amigo del joven) y de la referente mapuche Claudina Pilquiman.

El otro teléfono que tenía orden de registro de llamadas era el de Marcela Anarda Stocovaz, una de las personas que estaba en contacto con la comunidad mapuche.

Según precisa el diario La Nación, la orden de pinchar las comunicaciones fue despachada entre los días 5 y 22 de septiembre del año pasado y las líneas permanecieron intervenidas hasta el 30 de septiembre, cuando el juez Lleral comenzó a intervenir en el expediente. Este juez fue quien ordenó dejar sin efecto las pinchaduras. El juez alegó que se estaba en violación del derecho a la intimidad y, en el caso de Sergio Maldonado, que se habían vulnerado los derechos de las víctimas.

Las escuchas que llegaron a ser grabadas en los días de septiembre, no fueron anexados al expediente y quedaron reservados de manera confidencial, sin realizar las desgrabaciones de rutina.

“Obsérvese además en el caso de Sergio Maldonado, se trata nada menos que de la víctima y en los restantes supuestos, se trata de personas que han sido tenidos como testigos”señaló Lleral al descartar las escuchas.

LA ORDEN DE DESTRUCCIÓN Y LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ LLERAL

En una resolución firmada hoy, el actual juez del caso ordenó destruir todos los audiosque quedaron como resultado de aquella medida.

“Solo se permite la intervención de las comunicaciones telefónicas del imputado, por lo que se encuentran excluidas las de todas aquellas personas que no se hallan formalmente imputadas en el proceso”, dijo Lleral.

“Entiendo que los motivos esgrimidos tanto por la fiscal Ávila de peticionar las intervenciones de las comunicaciones telefónicas de testigos y de la propia víctima, y los argumentos enarbolados por el juez Otranto al acoger esa solicitud, resultan absolutamente reñidos con los derechos fundamentales y constitucionales”, consideró en su escrito de hoy. Y agregó: “Ello es así porque, en primer lugar, ninguna de las personas cuyas comunicaciones telefónicas fueron judicialmente intervenidas revestía el carácter de imputada o sospechosa”.

Otras fuentes de la investigación indicaron que en los escritos, Otranto justificó que las interceptaciones eran necesarias ante la sospecha de que los testigos habían ocultado datos en sus declaraciones. En el caso de Sergio Maldonado porque suponía que se comunicaría con los testigos mapuches.

Las cintas con las escuchas a Sergio Maldonado y a los testigos fueron requeridas en los últimos meses por el juez Otranto, cuando ya no estaba a cargo del expediente de hábeas corpus. Las solicitó para investigar la denuncia de Gendarmería sobre una supuesta confabulación de los miembros de la comunidad con los abogados de organismos de derechos humanos que denunciaron el caso del joven tatuador.

Pero Lleral consideró que no era el momento oportuno y consideró “inconveniente” la difusión de dichas pruebas dado que se podía violar “el mandato de reserva y el éxito de la investigación”.

Para el magistrado “la invasión de la privacidad del hermano de la víctima no era la única opción disponible, ni siquiera la adecuada” dado que “había otras alternativas para lograr la recolección de datos e informaciones conducentes al hallazgo de Santiago Maldonado”.

Fuente: La Nación